Defensoras por los derechos reproductivos de las mujeres y legisladoras locales se pronunciaron porque las autoridades del estado de Morelos apliquen de manera efectiva y reglamenten las causales vigentes en el Código Penal local para la interrupción legal del embarazo (ILE).
Como parte de las actividades para conmemorar el 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, activistas y diputadas exigieron además que se dé marcha atrás a la reforma al artículo 2 de la Constitución estatal aprobada en 2008, con la que se protegió «la vida desde la concepción».
Mientras en las afueras de la Secretaría de Salud del estado, integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos (Ddeser) leyeron un pronunciamiento y presentaron un performance, en el Congreso local la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Tania Valentina Rodríguez, anunció la integración de un frente jurídico para apoyar a las mujeres con problemas legales por haber abortado.
En su pronunciamiento, las integrantes de Ddeser expresaron que la recomendación general número 24 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), estipula que debe enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a quienes incurran en esa práctica.
Las activistas acusaron al gobierno de Morelos de cometer una «aberración» al procesar penalmente a una joven del municipio de Yautepec por haber abortado.
Las manifestantes realizaron un breve performance para simbolizar las cinco causales que permiten interrumpir un embarazo previstas en el Código Penal del estado.
Al respecto, las integrantes de Ddeser observaron que en ese código sigue íntegro el artículo 119 que establece las causales de excepción del aborto, por lo que –advirtieron– el sector salud estatal debería estar realizando interrupciones legales del embarazo.
AYUDA JURÍDICA
En tanto, en rueda de prensa, la diputada del Partido del Trabajo Tania Valentina Rodríguez informó la conformación del Frente Jurídico por el Derecho a Decidir, con el fin de apoyar a las morelenses que enfrenten problemas legales por haber abortado, además de asesorarlas para que viajen al Distrito Federal si requieren de una ILE.
Llamó a las abogadas del estado y a las organizaciones de la sociedad civil «para que se sumen a esta causa y trabajemos juntas por el derecho a decidir de las mujeres y contra su criminalización».
Rodríguez instó a sus pares dentro del Congreso local para que aprueben la iniciativa que ella presentó en 2009 con el objetivo de revertir la «protección de la vida desde la concepción» estipulado en el artículo 2 constitucional.
«Para que, de una vez por todas, las mujeres de Morelos tengan acceso a la realización de una interrupción legal del embarazo dentro del territorio morelense, y con base en las causales de excepción de punibilidad establecidas en el Código Penal de Morelos, ya que no es justo que tengan que recurrir a abortos (inseguros) que pongan en peligro su vida, afecten su dignidad y su bolsillo, cuando el estado debe garantizar como parte del acceso a la salud la ILE en condiciones de gratuitad y seguridad médica en instituciones de salud», manifestó.
Añadió que «tampoco es justo que las morelenses tengan que estar viajando al DF para interrumpir sus embarazos de forma adecuada».
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