No deja de sorprenderme. Lo digo con cierta envidia. Pero algo que en nuestro país parece un sueño, en otros paisajes es lo lógico, lo esperado, lo inevitable. La diferencia radica en las consecuencias. Un país en el que las acciones, ya no digamos ilegales sino simplemente inapropiadas, tienen consecuencias es para dar envidia ¿o no?
Ahí tiene usted, por ejemplo, la renuncia del alcalde de Nueva York, Eliot Spitzer, una vez que trascendió el pagó de miles de dólares en la contratación de una trabajadora sexual. No era dinero del erario, que conste. Era su dinero. Pero no sólo es ilegal la prostitución en Estados Unidos, sino que en la sociedad norteamericana, y especialmente en los círculos políticos, la acción se consideró simplemente inaceptable.
No importó que fuera un hombre rico. No importó, tampoco, que tuviera mucho poder político. Cuando las autoridades fiscales encontraron sospechosos varios pagos por miles de dólares en efectivo a una empresa dedicada a la prostitución, y descubrieron que esos pagos los hacía ni más ni menos que el alcalde de Nueva York, el hombre tuvo que afrontar las consecuencias.
Aquí también la prostitución es ilegal. En serio, ¡es ilegal! ¿Y?
También es ilegal violar las garantías individuales de cualquier ciudadana o ciudadano ¿no?
Y se acuerda cuando se difundió la llamada telefónica entre un gobernador y un empresario que protege a un pederasta confeso. Toooodos y todaaaaas escuchamos al desde entonces llamado gober precioso, afirmar que le daría un coscorrón a esa vieja cabrona, refiriéndose a Lydia Cacho, la periodista que precisamente denunció las redes de poder político que protegen a la pederastia en México y que fue detenida ilegalmente por judiciales enviados por el gobernador poblano. ¿Y?
Aquí, la Suprema Corte de Justicia inició una investigación del caso. El ministro Juan Silva Meza concluyó que sí se habían violado las garantías individuales de la señora Cacho, que el gobernador Mario Marín, la procuradora de justicia de Puebla y el de Quintana Roo estaban implicados, al igual que varios servidores públicos de distintos niveles jerárquicos, y que en medio de estas violaciones estaban las relevaciones de nombres poderosos que protegen la pederastia en nuestro país. ¿Y?
La semana pasada, Jeppe Kofd, un joven diputado danés considerado como una de las estrellas socialdemócratas de su país, renunció a su cargo por trascender que sostuvo relaciones sexuales con una chica de 15 años.
¿Es ilegal? No. En Dinamarca las personas con 15 años pueden sostener relaciones sexuales consensuadas. Sin embargo, al darse a conocer esa relación, Kofod se vio obligado a renunciar porque su acción, dijo, fue «moralmente inapropiada».
¿Cuántos de nuestros políticos deberían renunciar por algo moralmente inapropiado?
¿Se acuerda cuado escuchamos la grabación telefónica en la que Kamel Nacif, el mismo empresario relacionado con el escándalo del pederasta y el gobernador de Puebla, le daba instrucciones al entonces senador y actual líder de los priistas en la Cámara de Diputados para echar abajo la votación a favor de una ley? ¿Y?
¿Se acuerda del escándalo político en el que se vio envuelto el líder del Partido Verde Ecologista de México? El también senador Jorge Emilio González fue filmado consintiendo recibir un pago de dos millones de dólares a cambio de conseguir permisos de construcción en Cancún, cuyo alcalde, en aquel 2004, estaba afiliado al partido que él lideraba. ¿Y?
No vayamos lejos. Ahí está Juan Camilo Mouriño y sus contratos. O el PRD y sus elecciones internas.
Esta semana también, se reveló que el alcalde de Detroit está en serios problemas. Kwame Kilpatrick está acusado por haber mentido bajo juramento sobre una relación extramatrimonial con su jefa de gabinete.
Este hombre y su empleada pueden purgar una pena de hasta 15 años de prisión por perjurio. Kilpatrick y su empleada fueron inquiridos respecto a su relación a partir de la denuncia que presentaron dos policías que fueron despedidos por investigar quejas por la utilización de los servicios de seguridad para encubrir relaciones extramaritales. También se señala que gastaron dinero del erario para evitar que las pruebas de su relación trascendieran.
¿Cuántos de nuestros políticos mantienen relaciones extramaritales con empleadas suyas? ¿Cuántos utilizan personal a su cargo para asuntos estrictamente personales? ¿Cuántos utilizan dinero del erario a discreción? ¿Y?
No deja de sorprenderme lo que pasa en otros países cuando algo les parece inaceptable. Lo digo con envidia o con anhelo, que no es lo mismo, pero es igual.
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* Periodista y feminista en Quintana Roo, México, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
08/CL/GG/CV
