Logran jornaleras compromiso para que se les dé seguridad social

Tras múltiples movilizaciones –que incluso derivaron en enfrentamientos entre trabajadores agrícolas y policías–, el gobierno federal y del estado de Baja California (BC) se comprometió con jornaleras de San Quintín a crear en 60 días un fideicomiso para construir un hospital de especialidades, así como guarderías, y hacer inspecciones de trabajo para impedir y castigar la violencia sexual en su contra.
 
Esos fueron algunos de los acuerdos que logró la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social, luego de reunirse ayer por tercera vez con autoridades estatales y federales, pero en esta ocasión sin el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nada.
 
La senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña Gómez –quien estuvo presente en la mesa de diálogo– informó a Cimacnoticias que tras 15 horas de negociación se concretaron 13 acuerdos.
 
Se convino que en un plazo no mayor a 60 días se creará formalmente un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas agrícolas para el desarrollo de la zona. De este fideicomiso dependerá la construcción del Hospital de Especialidades, así como guarderías para hijas e hijos de jornaleras, precisó De la Peña.
 
Además –según quedó por escrito en los acuerdos– se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización gratuita para todas y todos los trabajadores agrícolas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
 
Se harán inspecciones a los campos para garantizar se cumpla la Ley Federal del Trabajo y se respeten los Derechos Humanos, “en particular de las mujeres trabajadoras y sus familias”. Las revisiones se realizarán para vigilar que no haya acoso sexual en el ámbito laboral, hostigamiento entre pares, y se cumpla la máxima de a trabajo igual salario igual.
 
Igualmente –aunque no quedó por escrito–, la senadora comentó que solicitó a la Procuraduría de Justicia de BC que genere los mecanismos adecuados para que las trabajadoras denuncien el acoso sexual, y para que en los poblados y al interior de sus hogares no enfrenten ningún tipo de violencia.
 
Aunque es un trabajo “más fino” –dijo la legisladora–, durante la reunión se habló de articular a diversas dependencias del gobierno estatal y municipal para generar una política pública que “reconstruya” el tejido social, para que las mujeres y menores de edad tengan mayores niveles de desarrollo humano. 
 
Se acordó también que se liberará a las 18 personas detenidas por participar en las movilizaciones de días pasados, incluso a quienes se les había fijado una fianza de 7 millones de pesos; y que las autoridades federales y locales de BC contribuirán a la reparación de daños en instalaciones y vehículos del gobierno estatal y particulares.
 
Aunque el diálogo sobre el aumento salarial base de 200 pesos y el pago de 20 pesos por caja de producto se aplazó hasta el próximo 4 de junio, se logró que las autoridades estatales y federales gestionen con los empresarios para procurar un incremento lo más cercano posible al que propone la Alianza; además, el gobierno federal podrá aportar el diferencial para alcanzar el monto.
 
También se dijo que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se hará la retención ni el condicionamiento de los salarios, y que éstos se pagarán total y puntualmente en el lugar de trabajo y se transparentarán los diferentes conceptos que lo integran.
 
Asimismo, se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de las y los trabajadores; y que las empresas agrícolas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil.
 
Se revisarán los programas sociales (como Prospera) para que las y los jornaleros sigan adscritos y no pierdan los beneficios que les brinda por haber salido de sus lugares de origen a los campos agrícolas.
 
También se acordó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) otorgará el registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social, y la autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de las y los trabajadores de la zona.
 
Para tratar las problemáticas locales de San Quintín, como la falta de agua potable, el gobernador de la entidad, Francisco Vega de Lamadrid, deberá reunirse con los voceros de la Alianza antes de que concluya este mes de mayo.
 
El movimiento jornalero y las y los funcionarios se comprometieron a preservar “la paz pública y privilegiar el diálogo, la concertación y la conciliación”.
 
De la Peña observó que si bien en la mesa de diálogo estuvo presente todo el gabinete de BC y el subsecretario de la STyPS, Rafael Avante Juárez, faltó presencia de los empresarios agrícolas, quienes fueron representados por apenas dos integrantes del Consejo Agrícola del estado.
 
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