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Logro de las mujeres, captura de presuntos soldados violadores

Por Anayeli García Martínez
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La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a cuatro miembros del Ejército como presuntos agresores de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas tlapanecas violadas sexualmente hace 12 años en el estado de Guerrero.
 
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que litiga el caso, confirmó que los órganos jurisdiccionales civiles libraron las respectivas órdenes de aprehensión en octubre de 2013, mismas que terminaron de cumplimentarse a fines de diciembre pasado.
 
La detención de los agresores se dio tras 12 años de que ocurrieron los hechos y a cuatro de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en agosto de 2010, dictara dos sentencias contra el Estado mexicano por no garantizar justicia a ambas indígenas.
 
En febrero de 2002 a sus 17 años de edad, Valentina fue atacada por ocho militares mientras lavaba ropa en un arroyo cercano a su comunidad en Caxitepec, municipio de Acatepec. Al verla le preguntaron por unos “encapuchados” y después la violaron.
 
Un mes después, en marzo del mismo año, otro grupo de militares llegó a la casa de Inés en Barranca Tecoani, en Ayutla de los Libres; allanaron su hogar, la interrogaron y la acusaron de haber robado la carne que tenía secando al sol. La indígena también fue violada.
 
Aunque los hechos fueron denunciados ante las instancias competentes, Tlachinollan explicó que ni Valentina ni Inés accedieron a la justicia debido a que las investigaciones se condujeron sin perspectiva de género y en el ámbito militar. Incluso en diversas ocasiones las autoridades las acusaron de mentir.
 
Aun así ellas denunciaron los hechos ante el Ministerio Público del fuero común del distrito judicial de Allende, Guerrero, pero como estas denuncias implicaban a efectivos castrenses en activo, meses más tarde las investigaciones fueron declinadas al fuero militar.
 
Los expedientes castrenses indicaron que ninguna de ellas fue víctima de violación sexual. En el caso de Inés una razón determinante fue que las laminillas que contenían muestras espermáticas de la agresión “se consumieron”, es decir, se perdieron como prueba.
 
Ante la falta de justicia, en 2003 la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional llevaron el caso ante instancias internacionales.
 
Las organizaciones denunciaron la impunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que al comprobar omisiones decidió llevar los casos a la CoIDH.
 
Fue en 2010 cuando el alto tribunal dictó dos sentencias condenatorias por los hechos ocurridos en medio de un contexto que llamó “violencia institucional castrense”, al referirse a los abusos generalizados y la falta de debida investigación.
 
En su fallo, la CoIDH ordenó al Estado mexicano emprender diversas acciones de reparación, entre ellas la investigación y sanción de los hechos, y revisar la pertinencia de una reforma al Código de Justicia Militar para que casos similares fueran investigados en tribunales civiles.
 
Ante esto, las autoridades mexicanas hicieron un reconocimiento público de su responsabilidad y pidieron perdón a ambas mujeres, y aunque no se ha realizado una reforma al sistema de justicia militar los expedientes de Inés y Valentina se enviaron a la justicia civil.
 
En 2011 las investigaciones se radicaron en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR, que capturó y consignó a los cuatro militares por el delito de violación sexual.
 
A decir de la defensa legal de las indígenas, la renovación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y el compromiso personal de su titular, así como el trabajo de la fiscal y del personal ministerial de la Fevimtra, contribuyeron a que se revirtiera la deficiente actuación del Ministerio Público Militar.
 
La defensa legal señaló que se dictó auto de formal prisión en contra de cuatro personas que hoy enfrentan reclusión preventiva acusados por los delitos de violación sexual, tortura y abuso de autoridad, entre otros.
 
Para los abogados este logro no sería posible sin la determinación de ambas mujeres. “En ese sentido, es un triunfo emblemático para todas las mujeres que, pese a todos los obstáculos y adversidades, alzan su voz y denuncian la violencia”, afirmaron.
 
CASOS PENDIENTES
 
Hay otros casos donde no ocurrió lo mismo, por ejemplo, el 4 de junio de 1994 las indígenas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez de 12, 13 y 14 años de edad, fueron detenidas y violadas por militares en un retén del municipio de Altamirano, Chiapas.
 
Otro más fue la denuncia de violación cometida por efectivos castrenses contra la indígena Ernestina Ascencio Rosario, quien murió en febrero de 2007 en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, y donde se concluyó que no hubo ataque sexual.
 
O bien la presunta violación cometida en julio de 2013 por militares contra una adolescente de 15 años en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A diferencia de Inés y Valentina las autoridades no comprobaron el delito o no han encontrado a los responsables.
 
Para Tlachinollan, ahora el Poder Judicial de la Federación, con el más estricto respeto a los derechos de los procesados, debe impartir justicia con celeridad, eficacia e incorporando las perspectivas de género y etnicidad.
 
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