En conmemoración a la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Prevención de Discriminación y Protección a las minorías, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció en 1994 el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
El objetivo de la fecha es fortalecer la cooperación internacional para promover la solución de los problemas a los que se enfrentan las comunidades indígenas en temas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, la educación y la salud.
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en México existen 10 millones de indígenas de los cuales, cuatro millones son mujeres.
La Constitución Mexicana señala en el artículo IV que «la Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…».
Lo anterior significa que el hecho de ser indígena no coarta o limita los derechos establecidos en la Carta Magna, que se aplican a toda la población por el sólo hecho de ser mexicanos.
De esta forma, las y los indígenas tienen derecho a votar y ser elegidos para ocupar cargos de elección popular, ejercer de forma libre y sin miedo y a no ser discriminados y violentados sus usos y costumbres.
También a acceder a servicios de salud de calidad y a que el personal médico respete sus costumbres durante la atención médica, así como el acceso a la educación.
En el caso específico de las mujeres, éstas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a tener igualdad frente a los hombres y a tener acceso a servicios de planificación familiar para decidir de forma libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos.
A pesar de ello, los indígenas mexicanos están en situación de desigualdad relativa frente al resto de la población, en cuanto al goce de servicios del Estado, sufriendo en muchas zonas condiciones deplorables de empobrecimiento, acceso a servicios sociales y salud.
Actualmente la instancia gubernamental encargada de promover el respeto de los usos y costumbres de los pueblos indígenas es Oficina de la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Lo anterior hace evidente que el Estado no ha cumplido con su responsabilidad de promover el respecto de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, mediante la creación de instituciones públicas cuya única misión específica sea esta, tal y como lo establece la Constitución Mexicana.
Ante la incapacidad de las autoridades por atender a los grupos indígenas que representan el 10 por ciento de la población nacional, éstos siguen exigiendo el respeto a sus derechos humanos y a sus usos y costumbres.
2003/MM/MEL
| |
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente El servicio informativo se realiza gracias al apoyo |
