Discusiones y debates de todo orden ha generado en la opinión pública chilena, el caso de la jueza Karen Atala, la madre lesbiana que tras asumir públicamente su opción sexual lucha por obtener la custodia legal de sus tres hijas.
El litigio entre Karen y su ex esposo, Jaime López, tiene como ingrediente especial el hecho de que ambos además son funcionarios del Poder Judicial, poniendo en una trascendente situación a este poder de Estado, que con su dictamen podría sentar un precedente importante en los hasta hoy invisibilizados derechos de las minorías sexuales, difunde el portal Mujereshoy.
«Esperamos que la Corte Suprema no ceda al chantaje conservador y, a la luz de la legislación internacional, no discrimine a la madre por la opción sexual que ha manifestado», dijo a Ximena Zavala, directora de la Fundación Instituto de la Mujer, una de las tantas organizaciones que siguen este caso con gran interés.
Atala, de 40 años, es jueza del Tribunal de Garantías de la ciudad de Los Andes, a 77 kilómetros al noreste de Santiago, adonde se mudó en febrero de 2003 con su pareja, la historiadora Emma De Ramón.
La relación entre ambas comenzó en la sureña ciudad de Temuco tres meses después de que Atala se separó definitivamente de López, un abogado de 39 años que trabaja en la Defensoría Penal Pública de esa ciudad.
Atala y López se casaron en 1993. Una conflictiva vida matrimonial los llevó, a fines de 2000, a requerir una terapia familiar que se prolongó por más de un año.
Atala tenía un primer matrimonio fracasado, del cual nació un hijo que hoy tiene 18 años. El terapeuta que supervisó el tratamiento familiar, estableció su lesbianismo y le aconsejó asumir esa identidad sexual que venía reprimiendo desde la niñez.
Las tres hijas de Atala y López, ahora de nueve, siete y cuatro años, quedaron bajo la tutela de ésta, luego de la separación, hasta que el padre recurrió a la justicia, en noviembre de 2002, al enterarse de que la madre y De Ramón compartían la misma vivienda junto a las niñas.
Las tres pequeñas se trasladaron a Los Andes con su madre y De Ramón, pero el 8 de mayo de 2003 un juez concedió a López la tutela temporal de sus hijas, que debieron retornar a Temuco.
Atala podía visitarlas sólo cada 15 días. Inició entonces una batalla legal por recuperar plenamente a sus hijas y, en octubre, obtuvo un primer fallo favorable de un magistrado, pero su ex esposo interpuso un recurso que derivó el caso a la Corte de Apelaciones de Temuco.
El 30 de marzo, y por un veredicto unánime e inédito en Chile, el tribunal otorgó la crianza de las niñas a la madre.
«De todos los informes emanados de diversas instituciones, es posible concluir que la opción sexual de la madre, esto es, el lesbianismo, no constituye por sí sola una causal de inhabilidad. Se ha acreditado que la homosexualidad es una conducta normal y que no es manifestación de ninguna patología que la inhabilite», señaló el dictamen.
La corte de Temuco consideró cinco informes especializados. Uno de ellos, de la Universidad Católica, establece que no se puede afirmar que hijos o hijas criadas por madres lesbianas tengan desventajas sicológicas y sociales, o presenten comportamientos atípicos en el desarrollo de su identidad sexual.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) corroboró que la homosexualidad no es un desorden psicológico, y el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile señaló que el lesbianismo es una forma normal de sexualidad, y que no existe diferencia entre hijos o hijas criadas por lesbianas y los de familias conformadas por un padre y una madre.
La sicóloga Soledad Larraín, que redactó ese informe, citó un estudio de enero de 2003 de la estadounidense American Psychological Association, con base en 50 investigaciones de casos similares.
«Son los conflictos en la familia y no la estructura de ésta lo que afecta a los hijos», señaló la especialista.
El Servicio Nacional de la Mujer envió al tribunal un informe documentado en análisis de la Comisión Nacional de la Familia, según el cual la solidez del grupo familiar radica en la alianza de afectos, más que en la consanguinidad y los conceptos sociales tradicionales.
Por último, el Servicio Médico Legal desvirtuó uno de los argumentos centrales de López al indicar, luego de peritajes sicológicos, que las tres niñas no presentan alteraciones con respecto a los roles sexuales.
El tribunal de apelaciones aplicó también la Convención de Derechos de los Niños y Niñas, y consideró la opinión de las tres menores, que si bien expresaron deseos de que su madre y padre se reconciliaran, manifestaron preferencia por vivir con la madre.
Finalmente, se sabe que si el esperado fallo de la Corte Suprema es desfavorable para la jueza Karen Atala, el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh) llevará el caso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abriendo un nuevo flanco en este ya histórico juicio.
2004/BJ/SM
