Inicio Más de 6 mil niñas y mujeres asesinadas en los últimos seis meses en el país

Más de 6 mil niñas y mujeres asesinadas en los últimos seis meses en el país

Por Lourdes González García

En el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, los diferentes grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados coincidieron en que son insuficientes aún las políticas y programas de prevención, atención y sanción a este problema y se pronunciaron por impulsar reformas legales que garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos de este sector.

Al hacer uso de la tribuna, la diputada Aurora Cervantes, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitó a la asamblea guardar un minuto de silencio por las mujeres y las niñas muertas a causa de la violencia.

Dijo que es necesario armonizar las leyes nacionales con los acuerdos internacionales, pues parece que México los firma para quedar bien con la comunidad internacional, pero no dedica tiempo a la elaboración de leyes que reglamenten el castigo de violación a los derechos humanos femeninos.

A su vez, la diputada María Mercedes Maciel, del Partido del Trabajo (PT) hizo un llamado a los senadores para que aprueben la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual, dijo, establece las obligaciones del Gobierno Federal y las Secretarías para impulsar la atención de esta problemática y tipifica el feminicidio como delito grave.

Además, subrayó, es necesario promover una educación basada en el diálogo, la tolerancia, la aceptación y la complementación.

Al presentar su posicionamiento, Patricia Villanueva, diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que para eliminar el maltrato hacia las mujeres y las niñas son necesarios recursos económicos, voluntad política, conciencia y acción conjunta.

Cualquier otro enfoque es darle la vuelta a la pelota de la hipocresía, la condescendencia y las efemérides sin compromisos, por lo que se pronunció por impulsar políticas públicas que incidan en el cambio de esta realidad.

La diputada Pilar Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista, aseveró que la política del gobierno para abolir la violencia ha dado magros resultados, pues hay demasiados compromisos internacionales, leyes e instrumentos que no se aplican eficazmente ante este problema.

Mencionó que 48 por ciento de las personas que emigran a Estados Unidos son mujeres, quienes viven una situación de vulnerabilidad y abuso.

En su oportunidad, la diputada del PAN, Nelly Asunción Hurtado, indicó que la prevención, sanción y erradicación de estas agresiones requiere transformaciones jurídicas y cambios estructurales en la educación, para incidir en los patrones culturales de maltrato a las mujeres.

Además, apuntó, es necesario el compromiso de los poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y la sociedad, así como realizar una gran labor legislativa al respecto.

Mencionó que ocho estados de la República no regulan en sus marcos jurídicos la violencia familiar; 13 códigos penales tipifican la violencia entre cónyuges; en casi todas las entidades no hay medidas para determinar protección a víctimas de violencia familiar y en 11 la Constitución local no establece la igualdad entre hombres y mujeres.

En tribuna, la diputada Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, expresó que es necesario reconstruir roles y percepciones de hombres y mujeres para eliminar la violencia a través de la educación y el ejemplo. Llamó a crear leyes para que sean la educación, la cultura y todas las normas de convivencia el centro de una revolución diaria de paz.

Recordó que, en los últimos seis meses, más de seis mil niñas y mujeres han sido asesinadas en México; 70 por ciento de los crímenes son cometidos por gente cercana a ellas y 90 por ciento de los delitos no termina con la consignación del culpable.

A su vez, Aída Marina Arvizu Rivas, de Alternativa Social afirmó que no es posible hablar de democracia cuando muchas mujeres tienen la bota de su pareja puesta en el cuello, por lo que llamó a los legisladores a aprobar las iniciativas que se presenten para favorecer la condición social de las mujeres.

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