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Más de 80 por ciento de víctimas de violación son niñas

Por Nelson Rodríguez, corresponsal

Al menos 21 niñas y adolescentes nicaragüenses de 10 a 17 años presentaron embarazos producto de violación sexual durante 2013, según un monitoreo de medios de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que denunció que los casos podrían ser muchos más si se toma en cuenta el subregistro.
 
De enero a agosto de este año el Instituto de Medicina Legal del Poder Judicial reportó la valoración de violencia sexual de 3 mil 883 casos, de los cuales 3 mil 210 (la gran mayoría) corresponden a niñas, niños y adolescentes menores de 17 años, lo cual refleja el grave problema de violencia sexual en este país centroamericano, dijo Magaly Quintana, integrante de CDD.
 
El embarazo forzado en las adolescentes es invisibilizado por el Estado, no es investigado de oficio por la Fiscalía de la República, ni por los Ministerios de Salud y de la Familia, que son los que deberían atender estos casos, acusó Lorna Norori, del Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS).
 
De todas las denuncias por abuso sexual, el acceso a la justicia es limitado, dijo Norori al agregar que probablemente solo un 10 por ciento de los casos llega a un proceso concluido no satisfactorio para las víctimas.
 
En el Ministerio de Salud si bien atienden a una niña o adolescente con embarazo forzado, no se investigan las causas; igual el Ministerio de la Familia, que en algunos casos alberga a adolescentes embarazadas desprotegidas, tampoco profundiza sobre los casos y la Fiscalía no investiga de oficio, explicó la coordinadora del MCAS.
 
El abogado Norwin Solano, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que en la medida en que aumenta la impunidad el Estado permite estos abusos, y a la vez esto podría ser una especie de fomento para que los casos se incrementen.
 
Hay una serie de obstáculos para acceder a la justicia sobre todo entre las familias humildes y rurales que tienen que recorrer grandes distancias. En El Tortuguero, un municipio de la costa Caribe sur del país –por ejemplo–, hay una denuncia en contra de un ex sacerdote procesado por violación de una niña de 13 años.
 
En ese caso, la familia no sólo se encuentra con la distancia y la falta de recursos, sino que se enfrenta también al poder simbólico que tiene la Iglesia en el lugar.
 
La audiencia inicial del juicio se ha reprogramado en tres ocasiones y la familia de la niña ha tenido que gastar en estadía, transporte y alimentación, tanto de la víctima como de los testigos, dijo el abogado del Cenidh.
 
Martha María Blandón, de Ipas-Centroamérica, señaló que el Poder Judicial no prioriza la violencia contra las niñas y las adolescentes. Las instituciones del Estado no le dan la importancia en todos los ámbitos, desde la prevención, atención y resarcimiento de los daños, criticó.
 
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