A dos años de que se realice la Conferencia Internacional Cairo+20, la agenda sigue vigente en América Latina (AL) y el Caribe debido a que los países de la región han incumplido los compromisos asumidos en salud materna de las mujeres, y el respeto a sus derechos reproductivos.
Lo anterior lo señaló Virginia Camacho, de la oficina regional para AL y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), durante el segundo día de trabajo del foro «La salud materna en América Latina y el Caribe: la agenda inconclusa».
En el encuentro, organizado por el Grupo de Trabajo Regional para la reducción de la muerte materna (GTR) y la organización Women Deliver, Camacho señaló que desde la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que se realizó en El Cairo, Egipto, en 1994, la salud sexual y reproductiva no ha sido prioritaria para los países de la región, pues hasta ahora sólo han llevado a cabo acciones incipientes.
Por ello, advirtió, persisten desafíos en la región planteados hace casi 20 años como mejorar la salud materna, ya que el riesgo de una muerte relacionada con el embarazo, parto o puerperio en AL es de una por cada 580 mujeres, y de una por cada 220 en el Caribe.
La especialista expuso que la inversión para abatir esta problemática ha sido insuficiente en varios países, por lo que la razón de muerte materna (RMM) sigue siendo alta. En promedio hay 80 decesos de este tipo por cada 100 mil nacidos vivos en la región.
Esta situación se recrudece en las mujeres indígenas, afrodescendientes y pobres, quienes tienen los índices de MM más altos debido a las deficiencias en la capacidad de respuesta del sistema de salud, pero también es un reflejo de la inequidad social.
En este tema la región está «estancada», ejemplo de ello es que en algunos países los datos sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres no se desagrega por población indígena y grupos de edad.
La MM también está ligada a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), pues en AL y el Caribe dos de cada 100 mil fallecimientos relacionados con el embarazo, parto o puerperio se atribuyen a esta enfermedad, mientras que 3 por ciento de las defunciones están ligadas con el Sida.
Virginia Camacho refirió que es preocupante la alta tasa de fecundidad en las adolescentes como resultado de la falta de educación sexual integral, acceso a anticonceptivos, y leyes restrictivas que en algunos países prohíben a las y los menores de 18 años adquirir métodos de control natal.
La joven mexicana Cecilia García denunció que la mayoría de los 215 millones de personas jóvenes que habitan en la región no recibió educación sexual integral y científica, laica, crítica y de calidad, a pesar de que es uno de los compromisos asumidos por México.
En las aulas «me hablaron de la menstruación, de cómo usar toallas sanitarias, pero nunca de que tenía clítoris y de la posibilidad de auto erotizarme; no mencionaron mis derechos sexuales y reproductivos», acusó.
La joven refirió que rumbo a Cairo+20 es preciso que los países se comprometan a invertir más en estrategias integrales para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Puso como ejemplo los servicios de salud amigables y accesibles para adolescentes y jóvenes, la capacitación para el personal de salud, la disponibilidad de anticonceptivos modernos, la auditoría de los programas por parte de las y los jóvenes, y su participación en el diseño de las políticas públicas dirigidas a la juventud.
María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir-México, apuntó que la agenda de Cairo+20 debe incluir la formación y capacitación de las mujeres para que exijan sus derechos, servicios integrales de aborto legal, estrategias para acelerar la reducción de la MM, mecanismos que integren a la sociedad civil en la toma de decisiones, y que los Estados rindan cuentas de sus acciones en el tema.
Tarcilia Rivera, integrante de Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, dijo que en la revisión de los compromisos internacionales es necesario que las indígenas no sean vistas como «sujetas de asistencia social», sino como sujetas de derechos y poseedoras de valiosos conocimientos.
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