Pese a que no hay muchas quejas de personas con vih/sida ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que prácticamente no hay registro de actos discriminatorios hacia las mujeres afectadas en los servicios de salud, ésta no es la realidad de la población femenina seropositiva; tal como lo revela la historia de Juana, contagiada por su pareja hace 15 años.
Con todo y que entre 1995 y 2001 la CNDH recibió un total de 265 quejas de personas portadores del virus, en el último año solamente 13 personas acudieron a denunciar violaciones a sus derechos humanos.
Para la titular del Centro Nacional para la prevención y control del VIH/Sida (Censida), Patricia Uribe, del total de denuncias presentadas ante su institución, la mitad corresponde al ámbito laboral y es mínimo lo que se refiere al campo de la salud.
Según Patricia Nava, representante de Organizaciones y Mujeres Decidiendo frente al sida, la pandemia es asunto de toda la población femenina, por lo que demanda al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) un plan nacional emergente que frene el impacto del vih/sida en la población femenina.
La historia de Juana, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comienza hace 15 años, cuando es contagiada por su esposo (quien por cierto ya falleció).
Hasta ahora muchos han sido los obstáculos que Juana ha tenido que enfrentar para su atención médica, principalmente por el temor injustificable que el personal de salud tiene hacia el contagio.
Más aún, desde que se supo portadora del virus, los mismos médicos del IMSS le negaban la prueba del papanicolau (para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino) y sólo podía someterse a ese estudio «cuando el personal tenía tiempo».
Años después, Juana empezó a tener hemorragias debido a la presencia de miomas (tumores) en la matriz; problema que sólo se solucionaría quirúrgicamente.
Siempre víctima del maltrato y la discriminación, Juana llegó a formar parte de un grupo de autoayuda para pacientes con vih/sida que el 25 de febrero de 1999 presentó una queja por la negación del servicio ante el entonces director del IMSS, Genaro Borrego Estrada, y otra el 16 de marzo ante la CNDH por el mismo motivo.
Un año después la comisión resolvió que el IMSS no violentaba los derechos humanos de estos pacientes con vih/sida.
No obstante, Juana asegura haber sido discriminada durante todo este tiempo. Hace tres años empezó a presentar hemorragias severas al tiempo que se agudizaron los problemas en el servicio de salud y el maltrato por parte del personal del IMSS.
Ejemplo de ello es que en el año 2000 fue programada para que la intervinieran quirúrgicamente, no obstante el procedimiento se pospuso dos años hasta que finalmente, hace un mes, fue sometida a una histerectomía. Pero el maltrato hacia ella y su familia continúa hasta la fecha.
El estigma y la discriminación asociados al vih/sida se vinculan al género, a aspectos socioeconómicos, a la orientación sexual, a la raza e incluso la religión, reconoce la titular del Censida.
Patricia Uribe acepta que las mujeres tienen mayores posibilidades de ser discriminadas en comparación con los varones, asimismo también reconoce el miedo que priva entre el personal de salud al contagio; especialmente en quirófano y banco de sangre.
Al 30 de junio del 2002 Censida tenía registradas 21 mil 371 personas vivas portadoras del vih/sida, de las cuales 14 por ciento son mujeres; es decir cerca de tres mil.
Uribe preve que el 2003 será un año difícil para la atención de las personas seropositivas, por lo que ya pidió al Congreso la asignación de al menos 200 millones adicionales para poder seguir atendiendo a los cerca de dos mil pacientes desincorporados del IMSS.
Ante la emergencia de este año por la pérdida de la derechohabiencia de personas con vih/sida al IMSS, Patricia Uribe explica que la Ssa asignó 200 millones adicionales para la compra de antirretrovirales, lo que permite una cobertura del 73 por ciento de los pacientes portadores sin seguridad social.
Luego de indicar que en el 2000 el sector salud y las entidades federativas asignaron al combate de la pandemia 179 millones de dólares, Uribe asegura que en la actualidad se atiende a cerca de siete mil hombres y mujeres seropositvos.
Igualmente explica que el Banco Mundial aprobó un préstamo de 20 millones de dólares para la prevención de vih/sida durante los próximos cinco años, especialmente en las entidades federativas.
Uribe también da a conocer que desde 1997 la Ssa cuenta con 77 servicios especializados para la atención de pacientes con vih/sida, lo mismo que se está haciendo un diagnóstico para conocer la dimensión real de la discriminación de las personas que viven con el virus en los servicios de salud.
Por su parte, Patricia Nava de la Omds, se pronuncia por el aumento de recursos en el próximo ejercicio presupuestal y porque ser portador del virus debe considerarse causal del aborto.
La entrega de medicamentos antirretrovirales a mujeres seropositivas sin seguridad social, la prevención perinatal, el cumplimiento del derecho a decidir sobre el número de hijos y su espaciamiento, el derecho a la información sobre el vih/sida, la promoción y el respeto a los derechos sexuales de los jóvenes, así como la defensa de los menores y huérfanos del vih/sida son algunas de las propuestas de Omds.
Por lo mismo, Nava plantea la necesidad de promover el respeto de los derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres, más particularmente de las que viven con el virus y de las que han sido afectadas por él (esposas, viudas, madres e hijas) ante situaciones de orfandad, pobreza, desempleo y falta de seguridad social.
| |
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente El servicio informativo se realiza gracias al apoyo |
