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Mayor regulación contra explotación de trabajadoras migrantes

Por la Redacción
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Es necesario crear un sistema que registre y vigile las acciones de las agencias, empleadores y reclutadores de trabajadoras migrantes en Estados Unidos, ya que ellas enfrentan violaciones a sus Derechos Humanos (DH) cuando salen de sus países legalmente para trabajar, señalaron expertas.
 
Lily S. Axelrod y Micaela Pacheco, de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), hicieron recomendaciones a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), para que garantice seguridad a las trabajadoras migrantes.
 
En su informe “Fortalecimiento de las protecciones a las trabajadoras y los trabajadores migrantes: Implementación de un programa de registro y licencias de acuerdo con el nuevo reglamento de agencias de colocación. Julio 2014”, explicaron que se debe regular el proceso de reclutamiento de empleadas.
 
Las expertas dijeron que muchas trabajadoras migrantes son víctimas de trata de personas o abusos económicos por parte de los reclutadores, lo que propicia que también padezcan explotación laboral y maltrato en los centros de trabajo.
 
Cabe señalar que EU permite que personas extranjeras se establezcan en su territorio mediante los programas de visas de trabajo, pero para el proceso de reclutamiento y traslado no sólo intervienen los empleadores, sino también agencias o reclutadores.
 
De acuerdo con el informe publicado este año, es muy común que durante el reclutamiento en sus lugares de origen, las trabajadoras padezcan extorsiones, fraudes, amenazas, trata de personas y otros delitos.
 
Apuntaron que los altos cobros que los reclutadores piden para ser contratadas por un empleador estadounidense –que a veces exceden el salario anual en su lugar de origen–, muchas veces significan un fuerte endeudamiento.
 
Agregaron que esta situación es preocupante, ya que el trabajo es su fuente de ingresos para solventar una deuda grande, por lo que las trabajadoras se abstienen de acusar o quejarse cuando no reciben un trato adecuado por el reclutador o el patrón en los centros de trabajo.
 
Por lo que recomendaron a la STyPS instaurar sistemas de licencias y registro para los reclutadores a fin de promover la migración legal y humanitaria.
 
Las especialistas indicaron que se deben regular los montos de las fianzas –cantidad que aporta el reclutador para gastos de traslado de las y los trabajadores y que es retribuido por el gobierno de EU una vez que se completa el reclutamiento–, las cuales, recomendaron, deben ser proporcionales al número de migrantes esperados para asegurar que los costos de repatriación se puedan cubrir en caso de ser necesario.
 
Además, afirmaron, las fianzas serán un incentivo para que los reclutadores vigilen y aseguren que las condiciones de trabajo sean óptimas, ya que la repatriación antes del tiempo acordado implicará un costo.
 
También añadieron que en caso de que se registre que varias trabajadoras y trabajadores fueron repatriados en un año (interrumpiendo la relación laboral acordada, que en general es de año y medio), deberán realizarse inspecciones extraordinarias, ya que esto podría indicar que el reclutador no está verificando las condiciones de trabajo.
 
Respecto al requisito de registro para reclutadores y agencias, las expertas señalaron que la STyPS debe revisar los antecedentes criminales de los solicitantes (dueños y gerentes de las agencias); así como requerirles información sobre los negocios que tengan y que puedan generar “conflicto de intereses”, por ejemplo que la agencia también sea dueña de una línea de transporte y obligue a las trabajadoras a contratar sus servicios.
 
Lily S. Axelrod y Micaela Pacheco precisaron que es necesario que los solicitantes presenten pruebas de nivel educativo y experiencia en recursos humanos, y prueba del capital financiero de la agencia; además de la fianza que pueda enfrentar costos no previstos como el caso de más repatriaciones del número de trabajadoras y trabajadores contratados.
 
Asimismo, según recomendaron, se les deberá pedir a los solicitantes que participen en una sesión de certificación realizada por la STyPS en la que se revise el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo en lo competente con DH, en cuanto a condiciones de traslado dignas y sin cobros mayores.
 
Para garantizar la aplicación de estas medidas, las investigadoras propusieron reportes trimestrales sobre número y características demográficas (como origen, edad y sexo) de las y los trabajadores que cada agencia recluta, para detectar abusos y recopilar información sobre la regulación y aplicación de las normas laborales.
 
De igual forma, se solicitó contar con la información sobre los subcontratistas (personas que fungen como contactos de los reclutadores, las agencias o los empleadores en las comunidades de origen), lo que ayudará a identificar a individuos o agencias que operan sin licencias, y determinar la cadena de responsabilidad en el caso de abusos durante el reclutamiento.
 
La STyPS también deberá publicar y actualizar periódicamente una base de datos de reclutadores en su sitio web, el cual deberá contener el estatus de la licencia de cada reclutador, la razón de cualquier revocación o suspensión de licencia, el nombre del personal del reclutador, e información demográfica sobre trabajadores colocados.
 
Señalaron que todo aquel que viole los DH debe ser señalado en la base de datos, también en otros medios públicos. Del mismo modo, mencionaron las expertas, la STyPS deberá reconocer una variedad de métodos para informar a los trabajadores sobre el proceso de registro, los medios de contacto y sus derechos laborales.
 
También se debe motivar que los patrones trabajen únicamente con los reclutadores registrados o proveer incentivos para que los reclutadores con los que trabajan también se registren.
 
Finalmente, advirtieron que es necesario designar fondos para financiar la aplicación, inspección, licencias y difundir los derechos de las personas migrantes, ya que de otro modo no habría forma de operación de estas normas.
 
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