La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por la situación que viven en campamentos las personas desplazadas por el terremoto ocurrido en Haití en enero de 2010, en especial por los desalojos forzados y por la violencia sexual contra las mujeres y las niñas.
En un comunicado, la CIDH informó que decidió otorgar medidas cautelares a las personas que han sido desalojadas de los campamentos y señaló su preocupación porque las condiciones de precariedad y falta de seguridad en los campamentos esté generando una situación de vulnerabilidad extrema para las mujeres y niñas que allí habitan.
Añadió que ha recibido información que comprueba que el número de violaciones sexuales perpetradas en los campamentos va en aumento, pues de acuerdo con organizaciones civiles que trabajan en el lugar, se han reportado violaciones de niñas de hasta cinco años de edad.
El organismo internacional envió una carta al gobierno de Haití solicitando que se adopten medidas para investigar los hechos relacionados con las violaciones sexuales en los campamentos, y para evitar su repetición.
Asimismo, decidió otorgar medidas cautelares en relación a los desalojos forzados de los campamentos. Esto como respuesta a peticiones de organizaciones como Women’s Link Worldwide, quien el 21 de octubre pidió que se garantizara la seguridad de las mujeres y niñas de Haití.
La CIDH recomendó al gobierno de Haití garantizar la presencia de fuerzas de seguridad alrededor y en el interior de los campamentos, en particular fuerzas de seguridad femeninas y especialmente cerca de los baños.
También urgió mejorar la iluminación dentro de los campamentos; implementar medidas para facilitar la presentación de demandas y para mejorar la eficacia de las investigaciones judiciales, en particular, el entrenamiento de la policía sobre sus deberes en relación a los casos de violencia contra las mujeres; y proveer asistencia gratuita de médicos especializados y con experiencia en casos de violencia sexual.
Otra de las recomendaciones de la CIDH, fue que se debe dar una prórroga a las y los expulsados de los campamentos hasta que el nuevo gobierno asuma sus funciones; además de ofrecer a las personas expulsadas un traslado a lugares con condiciones mínimas de salubridad y seguridad y proceder a trasladarlas si ellas están de acuerdo.
Por último exigió a las autoridades a implementar medidas efectivas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad física de las y los habitantes de los campamentos, garantizando especialmente la protección de las mujeres, las niñas y los niños.
Las organizaciones han observado ante la CIDH, que la mayor parte de las violaciones sexuales tienen lugar en horas de la noche, por dos o más agresores, en general armados, así lo demuestran los datos aportados a la CIDH.
De acuerdo con dicha información, las víctimas de estas agresiones no cuentan con servicios médicos adecuados ni con recursos judiciales accesibles y eficaces, lo cual crea una situación de impunidad que permite la perpetuación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Asimismo, la CIDH recibió información sobre desalojos forzados, una situación que se ha presentado en cinco campamentos creados por familias que instalaron tiendas en campos abiertos, de propiedad pública o privada, tras la destrucción de sus hogares por el terremoto de enero de este año.
En algunos casos estos desalojos fueron realizados por terratenientes, y en otros casos por miembros de las fuerzas públicas, con el fin de establecer campamentos formales. Por ejemplo, se alega que miembros de la Policía Nacional llegaron al Campamento Toussaint L’ouverture en horas de la noche y sin aviso previo empezaron a destruir los alojamientos utilizando tractores.
Las y los habitantes construyeron nuevas estructuras en una zona aledaña al campamento original, las cuales también fueron destruidas unas semanas después. Esto con el pretexto de que el gobierno construiría un campamento oficial para personas desplazadas en el lugar que ocupaba el campamento original, cuyos habitantes ahora viven al costado del mismo.
Según la información aportada, se trata de unas 500 personas que viven en condiciones absolutamente precarias, a quienes no se les permite utilizar los servicios de agua y aseo o participar en el plan de alimentación del campamento oficial.
Ante esta situación, la CIDH reconoció los esfuerzos del gobierno de Haití para responder a las necesidades de la población, y en especial, a las 1.4 millones de personas en situación de desplazamiento interno por el terremoto que sacudió el país a principios de este año.
No obstante, la CIDH destacó la importancia de respetar las obligaciones internacionales de derechos humanos en todas las circunstancias, en particular los derechos no derogables y los derechos de las personas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
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