La cobertura de servicios públicos e indicadores de desarrollo en América Latina mejoraron en las últimas dos décadas, pero se requiere una mayor rendición de cuentas de los políticos y prestadores de servicios ante los ciudadanos para reducir la desigualdad de acceso a estos servicios y su ineficiencia, señala el Banco Mundial.
En el estudio El informe Ciudadanos, políticos y proveedores: la experiencia de América Latina con la reforma de la provisión de servicios, argumenta que muchos ciudadanos acceden a servicios básicos de mala calidad y una alta proporción de los pobres no recibe servicio alguno.
Lo anterior, a pesar de las importantes reformas que han emprendido los países de la región, una creciente democratización, reformas del Estado, incorporación de prestadores privados y comunitarios, descentralización y mayor participación de la sociedad civil, explica en un comunicado.
A su vez, el jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Guillermo Perry, señaló que hay grandes esfuerzos del Estado y la sociedad latinoamericana que se traducen en una impresionante cobertura de servicios, en especial de educación y de salud, sin embargo, aún queda mucho por hacer ya que los servicios son muy inequitativos y persisten problemas de calidad.
AUMENTÓ LA MATRICULA EN AL
Según el estudio, la matrícula primaria promedio de los 20 países más grandes de la región ascendió de 81 a 92 por ciento entre 1980 y 2000 y la esperanza de vida pasó de los 59,7 a los 70 años.
Por otra parte, el servicio de agua aumentó de 76 a 82 por ciento entre 1986 y 1995, en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Empero, el informe señala que el desempeño de los países en materia de servicios no ha sido suficiente ya que se ubica por debajo del nivel esperado dado su grado de desarrollo, y no ha logrado eliminar las enormes desigualdades observadas en muchos indicadores básicos.
En México, por ejemplo, los indígenas tienen cuatro veces más probabilidades de vivir como analfabetos que el resto de la población. En Brasil, un recién nacido del 20 por ciento más pobre tiene tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que un niño del 20 por ciento más rico.
Señala que la expansión de la cobertura estuvo acompañada de cambios en el nivel y la composición del gasto. En el caso de los servicios sociales, los cambios fueron resultado de un aumento considerable de los recursos públicos, mientras que en los de infraestructura –como telecomunicaciones, agua y electricidad- el gasto se redujo y el principal mecanismo aplicado fue el del financiamiento privado.
El coordinador del estudio y economista líder de Desarrollo Humano del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Ariel Fiszbein, aseguró que los gobiernos le han otorgado creciente importancia a la expansión de los servicios sociales.
Fiszbein indicó que dadas las limitaciones fiscales y las nuevas demandas, como en educación secundaria o lucha contra el sida, es poco probable que el proceso avance si sólo depende de un aumento de los fondos públicos y no se aplican sistemas de prestación más eficientes.
El informe también refiere que la rendición de cuentas de los prestadores es indispensable y que los ciudadanos pueden ejercer presión sobre los gobiernos para responder a sus demandas a través del «camino largo», mediante la burocracia tradicional o el «camino corto», a través del cual los usuarios controlan directamente la manera en que se prestan los servicios y pueden escoger a los proveedores.
Los países latinoamericanos han experimentado a través de las dos vías con resultados mixtos. La participación privada en las telecomunicaciones, por ejemplo, ha sido en lo general efectiva, pero en el sector de agua y saneamiento es más complicada y ha demostrado que se necesita una estrategia para salvaguardar el acceso de los hogares más pobres a estos servicios.
Del mismo modo, el informe apunta que un mayor control directo de la comunidad sobre la administración de los servicios ha resultado más efectivo en el caso de la educación (en las escuelas de varios países de Centroamérica, por ejemplo) que en el de la salud.
Las reformas en los sistemas de la administración pública han sido de difícil y lenta aplicación y, por lo tanto, continúan existiendo fuertes limitaciones a la eficiente prestación de servicios por parte de burocracias estatales.
El estudio dice que «no se puede aplicar un enfoque de talla única a la prestación de servicios», pero concluye que es indispensable contar con una mayor rendición de cuentas, un estado de derecho fuerte y un diálogo informado que aprenda de la experiencia previa y se base en la investigación y la evaluación para la formulación de políticas.
En particular, señala que es imprescindible orientar a la administración pública a que obtenga mejoras concretas en los servicios, seguir experimentando con innovaciones que promuevan la participación del usuario en la gestión de
servicios y fortalecer su capacidad de elección e influencia política, particularmente de los ciudadanos más pobres.
Asimismo, concluye que debe mejorarse el marco de relaciones entre niveles de gobierno y de las autoridades con las agencias públicas y privadas proveedoras de servicios.
2005/SJ
