En los próximos años los países de la región de Latinoamérica y el Caribe presenciarán una reducción gradual en las donaciones y ayuda técnica para la disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos (DAIA), la cual se logra cuando las personas pueden escoger, obtener y utilizar anticonceptivos cuando los necesitan.
Lo anterior según el texto Opciones para la adquisición de anticonceptivos, el cual fue parte del foro virtual sobre opciones de anticonceptivos en América Latina y el Caribe, promovido en diciembre en la página Global Exchange por el sociólogo Roberto López Linares, quien defiende el acceso universal a servicios de salud, y por Nadia Danette Olson, asesora técnica del proyecto Deliver que fortalece los canales de abastecimiento de los programas sanitarios y de planificación familiar en países en vías de desarrollo.
Con esta reducción, países como Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú han comenzado a considerar formas de financiar y de adquirir de manera eficaz los anticonceptivos para sus poblaciones, dice el texto.
No obstante, los marcos legales y regulatorios suelen ser complejos y restrictivos si la compra de insumos requiere el uso de fondos públicos. Algunos países, la mayoría con presencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), prefieren contratos favorables a los productores locales.
Incluso, algunos marcos legales, como los de Perú y El Salvador, encarecen con impuestos los productos importados, mientras que otros permiten cierta flexibilidad para que los proveedores comparen precios en los mercados locales e internacionales, señala el texto.
Y es que por más de tres décadas, los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) han confiado en las donaciones de organismos internacionales como USAID para enfrentar la necesidad de anticonceptivos de sus poblaciones. Hoy, estas donaciones ya fueron retiradas de Perú, y Ecuador, mientras que Guatemala, El Salvador, y la República Dominicana no los recibirán en el futuro inmediato.
Es decir, la financiación y adquisición de anticonceptivos será, en un futuro cercano, responsabilidad de los gobiernos nacionales en la región, apunta el documento.
No obstante, a pesar de los marcos legales restrictivos, para obtener productos de calidad a buen precio, algunos países permiten que el sector público compre anticonceptivos a organizaciones internacionales, como el Fondo de Población de la Naciones Unidas (Unfpa) con lo que se protege el principio de efectividad y transparencia en los procesos de adquisición, y brinda a los países el acceso a economías de escala, precios reducidos, y productos de calidad, señala el documento.
Con el uso de organismos internacionales, de agentes adquisitivos, y con el acceso a mercados internacionales, los países han obtenido anticonceptivos genéricos de calidad a precios internacionales competitivos.
Al respecto, continua el texto, algunos países como Perú, República Dominicana y El Salvador han ahorrado de manera dramática adquiriendo a través del Unfpa. El Salvador estima ahorros de cerca de 3 millones de dólares al año en 2004 y 2005. Aunque hay costos asociados al uso de este mecanismo y costos de distribución.
Asimismo, es necesario pagar por adelantado y se incurre en costos de retraso cuando la compra no se planea con suficiente tiempo, señala el documento.
Por su parte, Perú no sólo adquiere anticonceptivos del Unfpa, sino también de proveedores como Pfizer, para anticonceptivos inyectables y entregados a nivel de distrito, y ESKE/Famy Care, para anticonceptivos orales.
En 2005, El Salvador adquirió condones de un proveedor local porque no había una diferencia significativa con el Unfpa en costos y, en ese momento, el Ministerio de Salud (MS) no tenía fondos para adquirir el conjunto de métodos anticonceptivos. Costa Rica, por su parte, ha establecido una práctica similar de acudir a múltiples fuentes de anticonceptivos, acota el texto.
Y es debido a la anulación del apoyo para adquirir anticonceptivos que El Salvador, Guatemala, República Dominicana, y Perú han establecido ítems en sus presupuestos para reservar fondos para la adquisición de anticonceptivos.
Perú ya tiene la reserva de fondos para la compra de anticonceptivos y, por primera vez, el MS de Paraguay reservó 260 mil dólares para comprar anticonceptivos mediante el Unfpa en 2006, explica el texto.
Mientras que en República Dominicana aún no hay mecanismos formales para asignar fondos para la compra de anticonceptivos y la disponibilidad de recursos en el sector público se deja a discreción de los oficiales del gobierno.
En Guatemala, bajo un acuerdo con el Unfpa, el gobierno reservó fondos del sector público anualmente durante 2002-2006 para crear un fondo para la compra y distribución de anticonceptivos, que va a comenzar en 2007. Durante este período de cinco años, refiere el texto, el Unfpa usó fondos de Holanda y de Canadá para comprar y donar anticonceptivos al MS.
Es así que en este país los futuros fondos procederán de un impuesto sobre la compra de bebidas alcohólicas, 15 por ciento del cual fue señalado por el congreso para financiar el Programa de Salud Reproductiva. En Ecuador, la financiación de anticonceptivos para las mujeres en edad reproductiva está protegida y garantizada por la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.
Y aún cuando el marco legal en la mayoría de países mencionados no prohíbe abiertamente la adquisición internacional, reitera la publicación, los requisitos y condiciones que los proveedores internacionales deben seguir son restrictivos y, en ocasiones, prohibitivos.
Asimismo, ninguno de los nueve países con presencia de USAID cuenta con la experiencia del sector público en la compra de medicamentos o de anticonceptivos en el mercado internacional.
Mientras que Bolivia y Ecuador, sin presencia en USAID, tienen ONG con experiencia en la compra de anticonceptivos en el mercado internacional, indica el texto.
En ese sentido, la disponibilidad puntual e ininterrumpida de anticonceptivos de alta calidad en el sector público es esencial para obtener la disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos particularmente entre las personas que tienen se encuentran en los niveles socioeconómicos más bajos.
Mientras los organismos internacionales retiren gradualmente sus donaciones para la adquisición de anticonceptivos a América Latina, los gobiernos deben prepararse para asumir la responsabilidad de adquirirlos.
Y la capacidad actual del sector público para adquirir y suministrar anticonceptivos debe considerarse al tomar decisiones sobre como mejorar las prácticas adquisitivas, subraya.
07/HVR/GG
