El Estado mexicano se ha negado a aceptar 8 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se encuentra sesionando en Ginebra, Suiza, como parte del Examen Periódico Universal (EPU) y que tienen que ver con el fuero militar, para que los casos de violación a derechos humanos cometidas por militares sean investigados por la justicia civil y no la militar.
Así lo denunciaron hoy en conferencia de prensa organizaciones mexicanas con trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos como la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT); el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otras, quienes señalaron que será el jueves 11 de junio cuando el Gobierno mexicano informe si las acatará o no.
Edgar Cortéz, de la RTDT, precisó que de las 91 recomendaciones hechas a México por los países miembros del Consejo de la ONU, únicamente 83 se aceptaron, mientras que 8 quedaron pendientes, entre las cuales está la referente al fuero militar.
Las recomendaciones insisten en que se asegure la primacía de la jurisdicción civil sobre el sistema de justicia militar, en los casos de violación a derechos humanos.
Cabe recordar que el Consejo de Derechos Humanos estableció en 2007 el EPU como un mecanismo para evaluar el cumplimiento de los convenios internacionales que sus países miembros han signado en materia de derechos humanos.
La evaluación, explicó Cortéz, se basa en la información que aporta el Estado evaluado, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH), así como los informes de la sociedad civil.
En septiembre de 2008, las ONG mexicanas enviaron a la OACNUDH un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El 10 de febrero de este año, el Estado mexicano presentó su informe ante el Consejo a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. El informe final fue presentado el 13 de febrero, elaborado por un grupo de trabajo integrado por Sudáfrica, Nicaragua y Pakistán.
Será el próximo jueves 11 de junio, cuando el Estado mexicano informe ante el pleno de este Consejo si acepta el total de las recomendaciones hechas por éste, mientras que las organizaciones civiles podrán intervenir en la sesión para cuestionarlo sobre qué acciones llevará a cabo.
JUSTICIA MILITAR
Edgar Cortéz enfatizó que México ha recibido alrededor de 800 recomendaciones en materia de derechos humanos y recordó que las primeras fueron hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a la insistencia de este organismo, con estatus consultivo en la OEA, y de otros como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y de la ONU para que termine con la impunidad militar, el Estado mexicano ha sido omiso, reiteró Cortéz.
En este sentido, cabe recordar que los casos de violación sexual perpetrada por militares a mujeres indígenas como el de las hermanas tzeltales (González Pérez) en junio de 1994 en Chiapas y el de las tlapanecas Valentina e Inés, cometidas en 2002, se encuentran actualmente en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para el caso de las tzeltales, como lo ha reportado esta agencia de noticias, la CIDH emitió una recomendación desde 2001 para reparar el daño a las hermanas González Pérez y para que éste sea trasladado a la justicia civil, sin que a la fecha el Estado mexicano la haya acatado.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que a pesar de que México ha recibido múltiples visitas de relatoras y relatores de Derechos Humanos, sus recomendaciones no se han traducido en una verdadera política de derechos humanos ni en una prioridad para los gobiernos en turno.
Otras preocupaciones manifestadas por las organizaciones ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, ayer en Ginebra, tienen que ver con las amenazas contra las y los defensores de derechos humanos; los atentados contra la libertad de expresión y los asesinatos contra periodistas y las regresiones que se están dando en el país en materia de derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido, organizaciones civiles con trabajo en el tema denunciaron ante la ONU la oleada de reformas a las constituciones locales en 13 entidades de la República Mexicana que han otorgado personalidad jurídica al embrión y que criminalizan el uso de anticonceptivos y la Anticoncepción de Emergencia.
Otro tema expuesto ante el pleno del Consejo fue el feminicidio que ha sido motivo de 292 recomendaciones internacionales al Estado mexicano, según ha informado en su oportunidad, la CMDPDH.
Las ONG manifestaron que pese al profundo activismo que el Estado mexicano ha hecho al exterior en materia de derechos humanos, éste no ha podido concretar un Programa Nacional ya que el tema no es su prioridad.
09/LGL/GG
