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México trata con doble rasero a las mujeres

Por la Redacción

Aunque el Estado reconoce los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en las leyes y plantea la perspectiva de género en sus políticas públicas, México es todavía un país sumamente violento para la población femenina.  
 
Con motivo del Foro Hemisférico Belém do Pará+20 –que se lleva a cabo desde ayer y finalizó hoy en Pachuca, Hidalgo–, organizaciones civiles del país denunciaron “la crisis permanente” que enfrentan las mexicanas de todas las edades, particularmente aquellas que viven en los estados más pobres y violentos.
 
En un comunicado, instancias ciudadanas como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca; Asociadas por lo Justo (JASS); el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, exigieron al gobierno que aborde la situación que enfrentan las mujeres “desde la realidad que las organizaciones civiles documentamos y no desde el discurso que se ha promovido en los foros internacionales”.
 
En este Foro Hemisférico se analizan avances y desafíos en la prevención de la violencia de género a 20 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), en la que por primera vez se reconoció el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. México suscribió la Convención en 1995 y en 1998 la ratificó.
 
De acuerdo con los grupos civiles, aunque México cuenta con un marco legal amplio y forma parte de varias convenciones internacionales para proteger a la población femenina, la situación de violencia y discriminación contras las mujeres “es alarmante y sigue agravándose frente a la ausencia de políticas públicas adecuadas que aborden de manera integral y con perspectiva de género” la problemática.
 
Las organizaciones denunciaron que el novedoso mecanismo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) –estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007– nunca se ha emitido, pese a que ya se han presentado ocho solicitudes y se definieron nuevos procedimientos con el reglamento reformado en noviembre de 2013.
 
A decir de las organizaciones, la manifestación más visible de esta situación es el aumento alarmante de los índices de feminicidio en todo el país. Retomaron como ejemplo el caso de Oaxaca, donde activistas documentaron un aumento de 300 por ciento de casos durante los dos primeros meses de 2014, en comparación con el mismo periodo de 2013.
 
Por otra parte, México se ubica como la séptima nación en el mundo con más mujeres en prisión, pues se estima que a la fecha alrededor de 12 mil mexicanas están privadas de su libertad. De más de 400 centros penitenciarios en el país, sólo 12 son exclusivos para mujeres.
 
Otro de los rezagos más significativos está en los DH de las indígenas, especialmente en el acceso a la justicia. “Ser mujer y ser indígena en México sigue implicando dificultades materiales específicas al momento de acudir a las instancias de justicia”, denunciaron los grupos civiles.
 
Igualmente, destacaron la creciente criminalización contra las mujeres por abortar, incremento que se deriva de la aprobación de reformas constitucionales que protegen la vida desde la “concepción-fecundación” en 17 entidades federativas.
 
Así, un promedio de 163.8 mujeres más son denunciadas cada año. De 2009 a 2011, 679 fueron acusadas del delito de aborto, de acuerdo con cifras del Grupo de Información en Reproducción Elegida.
 
En cuanto a las agresiones contra defensoras de DH, se ha documentado que tan sólo en 2013 hubo 242 ataques a activistas y mujeres periodistas en el país; el 97 por ciento de los casos están impunes.
 
A 20 años de la entrada en vigor de la Convención de Belém do Pará, las organizaciones civiles concluyen que México sigue siendo un país de contrastes “en el que los avances normativos que se difunden y la creación de instituciones gubernamentales que se promocionan por parte de las autoridades, coexisten con patrones generalizados de violencia y discriminación, de violaciones de DH y altos índices de corrupción e impunidad”.
 
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