Indígenas migrantes de Oaxaca sufren mayor discriminación y racismo que cualquier otro estado del país, como lo demuestra una investigación que señala que la proporción de víctimas de extorsión oaxaqueña es cinco veces mayor que el caso de los migrantes de Chihuahua.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Sergio Segreste Ríos, denunció lo anterior al afirmar que la sociedad estadounidense «muestra en una buena proporción signos de intolerancia y racismo hacia la población mexicana, pero se acrecenta hacia la comunidad indígena de Oaxaca por sus características físicas y culturales».
Y citó un estudio realizado por la Dirección General de Población (Digepo) que avala sus afirmaciones.
Los empleadores de la mano de obra de indocumentados oaxaqueños obtienen máximas ganancias con la explotación de su trabajo por las extenuantes jornadas en condiciones infrahumanas y, sobre todo, porque éstas y los salarios están por debajo de lo que su legislación mandata, señaló el ombudsman.
Y las continuas medidas que son impulsadas desde los congresistas y grupos racistas en el país vecino, han menguado los programas de asistencia social, en tanto que los «logros como la impartición de una educación bilingüe se han visto suprimidos en claro detrimento de la identidad y herencia culturales de nuestros paisanos».
La legislación de ese país provoca que los cercos y redadas continuamente se acrecienten, lo que orilla a la población migrante indocumentada a engrosar los cinturones de miseria de ciudades fronterizas como Mexicali, Ensenada, Ciudad Juárez y Tijuana, donde se dedican a los servicios domésticos y al ambulantaje, expuestos a las vejaciones de la policía.
«En el retorno a sus lugares de origen, los migrantes se enfrentan a situaciones aún más denigrantes por donde quiera que regresen», lamentó Sergio Agreste.
Segreste Ríos reconoció que esa situación de discriminación racial para con las y los oaxaqueños en nuestro país es igual.
Se estima que más de 50 mil oaxaqueños emigran anualmente a los campos agrícolas del norte del país, ubicados en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, norte y sur, entre otros. Poco más de 35 mil oaxaqueños migraron de forma definitiva principalmente hacia los campos agrícolas del Valle de San Quintín.
El responsable de la CEDH ratificó que en esos campos la población migrante de Oaxaca sobrevive en condiciones de insalubridad, hacinados en barracas, expuestos a los pesticidas agrícolas, a la explotación, además del riesgo constante de que las mujeres sufran violaciones sexuales.
«En nada es diferente y se vuelve más ignominioso por ser los propios mexicanos los que vulneran los derechos de esta población», aseveró.
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