Por un error involuntario, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer, a través de un comunicado, la presencia en la sierra de Zongolica de hombres con uniformes de militares ajenos a la institución armada, los cuales habrían violado y asesinado a la indígena náhuatl de Soledad Atzompa.
Pero la sociedad civil sospecha que quizás la intención del ejército fue hablar de grupos paramilitares ubicados en la sierra de Zongolica y desviar así la atención de la ciudadanía que señala como culpables a miembros del Ejército Mexicano.
La noche del pasado martes, personal de la 26 Zona militar, con sede en Orizaba, entregó a algunos medios de comunicación un boletín de prensa, el cual posteriormente fue «recogido a sólo algunos medios de comunicación» bajo el argumento de que contenía errores ortográficos. Sin embargo el boletín «corregido» marcado también con el número 19 contenía un texto completamente distinto al primero.
El documento inicial cita textualmente: «La Secretaría de la Defensa Nacional confirma que personal militar no tiene responsabilidad en los hechos ocurridos en la región de Zongolica».
«Es falso que personal militar se encuentre ubicado en Tetlalzinga, Ver., ya que actualmente se encuentra a 17 kilómetros del citado lugar. Debido a lo anterior es preciso señalar que grupos desafectos a este instituto armado en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana y en este caso en particular, delincuentes que utilizaron prendas militares, perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del ejecutivo federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades».
MILITARES O PARAMILITARES
Ante la sospecha de que existan grupos paramilitares en la sierra de Zongolica, Jairo Guarneros Sosa, integrante de la coordinadora de la sociedad civil de la región de Orizaba y adherente a la Otra Campaña, mencionó que las acciones de hostigamiento de parte de militares a mujeres en la sierra de Zongolica es una acción prácticamente cotidiana, «donde quiera que se asientan cometen abusos tanto a mujeres como en contra de hombres».
«La muerte de Ernestina fue un hecho que se les salió de las manos, queremos entender que dentro de la milicia se tiene malamente permitido hasta cierto grado de violencia en contra de la población civil, pero que no se puede muchas veces controlar».
«Esto es básicamente para demostrar autoridad y superioridad, los manuales de contrainsurgencia en los lugares de conflicto, como ha sido en Chiapas, Guerrero y Oaxaca los militares, han actuado de la misma forma en que han actuado en la sierra de Zongolica, violando fundamentalmente a las mujeres, que son lamentablemente las que pagan esas practicas contrainsurgentes. El fin es aterrorizar, mandan un mensaje a todas las comunidades y habitantes de que ellos pueden actuar con toda la impunidad con la que actuaron y gozar de impunidad».
Por otro lado al referirse a la posible presencia de hombres vestidos de militares ajenos al Ejército, Guarneros Sosa detalló que desafortunadamente en esta región podrían ocurrir situaciones semejantes a las de Chiapas o Guerrero, en donde se conforman grupos de civiles, adiestrados por el Ejército y dotados por armas de grueso calibre, mismos que tienen la «encomienda» de acabar con la policía comunitaria.
Estos grupos paramilitares o de «choque» que funcionan en Chiapas y Guerrero actúan impunemente muy cerca de los campamentos militares, sin que hasta el momento hayan sido desactivados por el Ejército Mexicano.
Estos hacen las tareas que no pueden hacer los militares ante la observación internacional que les impide actuar libremente abusando del poder y violando todos los derechos humanos de la sociedad civil.
TEMOR DE AI
Mientras tanto, Amnistía Internacional dice en un comunicado que existe preocupación porque miembros del Ejército Mexicano puedan intimidar a testigos y dirigentes comunitarios durante la investigación del caso de violación y asesinato de la indígena náhuatl de Soledad Atzompa, presuntamente victimada por elementos militares.
En el llamado urgente de AI, se da a conocer que las comunidades indígenas, según los informes, han estado mostrando una hostilidad cada vez mayor hacia los soldados que actúan en la zona serrana de Zongolica, a los que acusan de llevar a cabo registros sin orden judicial y de robarles sus bienes desde enero de 2007.
Tras la violación, tortura y muerte de una mujer indígena de Soledad Atzompa por soldados del 63 batallón de infantería, recuerda AI, la investigación sobre la agresión quedó en manos de las autoridades militares, por lo cual existe el riesgo de que tanto la comunidad de la que procedía la indígena como los posibles testigos pueden sufrir intimidación, y los responsables pueden no enfrentarse a una investigación y un juicio imparciales e independientes.
Las autoridades militares, según los informes, han accedido a cooperar con las autoridades civiles para investigar este caso. Sin embargo, advierte AI, parecen haber mantenido el control de la investigación, socavando potencialmente su imparcialidad y su independencia.
«La Secretaría de la Defensa Nacional ha suscitado una preocupación adicional en torno a la imparcialidad de la investigación al emitir el 1 de marzo una declaración en la que niega la implicación de personal militar».
Las autoridades municipales y los dirigentes de organizaciones indígenas han expresado la honda preocupación de los miembros de la comunidad y han pedido que los responsables rindan cuentas de sus actos y que el ejército se retire de la región.
Recuerda AI que en el pasado reciente ha documentado varios casos de mujeres, especialmente mujeres indígenas, que han sido violadas por soldados, y en los que la investigación ha quedado en manos de las autoridades militares, lo que ha garantizado la impunidad de los violadores.
En 2002, dos mujeres indígenas, fueron violadas, según los informes, por soldados en el estado de Guerrero pero el caso ha permanecido bajo la jurisdicción militar y a las dos mujeres se les ha negado la justicia. Tanto las víctimas como otros miembros de la comunidad sufrieron intimidación y amenazas a causa de su campaña a favor de la justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está examinando el caso.
En 2005, el ex secretario de la Defensa Nacional dijo a una delegación de Amnistía Internacional que la violación nunca podría considerarse una actividad militar legítima. Sin embargo, eso no ha llevado a que se traspasen de inmediato todos los casos de violación a la jurisdicción civil.
07/LC/GG
