Mientras Estrada Cajigal ocupa cuanto recurso existe a su alcance para retrasar su destitución, en el estado no hay quien haga cumplir la ley, ni quien gobierne. Según se comenta dentro del gobierno, al gobernador lo único que le interesa es evitar ir a la cárcel y en ello pone toda su atención.
En Morelos la tierra ha sido y sigue siendo la manzana de la discordia por tradición, por usos y costumbres o por el amparo y cobijo de las autoridades corruptas, grupos y grupoides han encontrado el camino para frenar la inversión y desanimar a los desarrolladores urbanos. Los líderes comuneros manipulan a la gente y a las autoridades, toman las calles como si fueran rehenes hasta que su ambición no se ve satisfecha.
Mientras los terrenos dentro de la ciudad de Cuernavaca se encuentran ociosos, no hay problema; tampoco si sus dueños venden y la tierra y ésta pasa de una mano a otra. Eso no les interesa. En cambio, cuando el nuevo comprador empieza a tramitar sus licencias de construcción, realiza todos sus pagos en la tesorería del estado y pone todos los papeles en orden, asunto que lleva más o menos año y medio, entonces, como hienas, se acercan a sus presas, pero en silencio.
Lo siguiente es esperar a que el desarrollo se termine y las ventas estén casi concluidas, lo que ocurre aproximadamente en otro año y medio más. Es decir que pasan tres años antes de que reclamen el terreno como tierra comunal y vorazmente amenazan con comerse todo el pastel. Uno puede exhibir los documentos y comprobantes del origen de la tierra como privada y todo cuanto sea necesario; ellos ponen una demanda y el juicio puede durar años.
Se trata nada menos que de un secuestro de tierra, pero secuestro de todas maneras. Se trata de una exigencia de muchos, pero muchos millones de pesos, y se trata de bloquear la vía pública y plantarse frente al desarrollo cerrando su acceso hasta conseguir los fines.
Esto sucede en Santa María Ahuacatitlán a pesar del avalúo y la fianza depositada ante el Tribunal Superior Agrario del 18° Distrito mientras transcurre el juicio.
Se presentó denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por la constitución de hechos delictuosos; aun cuando existe flagrancia, la Procuraduría simplemente no ha querido presentar a los probables responsables, es decir, a las personas que pernoctan, viven, hacen sus necesidades en la vía pública y ven la televisión muy colgados de los cables como si ese imperio les perteneciera: el imperio de la impunidad. Y es que los funcionarios no se atreven a hacer cumplir la ley, no se atreven a ejecutar las órdenes de los jueces.
Porque el cumplimento de la ley, el estado de Derecho, está sujeto a la agenda del gobernador. Y, naturalmente, el procurador Hugo Bello no va a arriesgarse a que se le arme un jaloneo que detone otro escándalo en Morelos, aunque ello signifique que gobierne la ilegalidad.
El procurador protege a su jefe o acaso tenga interés en el jugoso negocio que planean Benito Rivas López, Juan Rayón Rossel y Antonio Ruiz Rivas, los comuneros dedicados a invadir y extraer, no mediante la justicia, sino a la mala, toda la ganancia de quienes todavía creen que los gobiernos son para servir a la gente y no al revés. La corrupción a la vista de todos.
*Periodista mexicana
05/MG/YT
