Las cifras hablan por sí solas. Sólo en lo que va de este año, en España han muerto más de 30 mujeres víctimas de violencia.
Pero es peor, porque se calcula que durante el último tiempo, más dos millones de españolas han sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas y se estima que el 97 por ciento de las que sufren violencia intrafamiliar, simplemente no la denuncian.
«En los dos últimos años las autoridades españolas no han hecho lo suficiente con respecto a los motivos de preocupación de la ONU. El nuevo gobierno, que comenzó su mandato en marzo de 2004, debe intensificar sus esfuerzos en este sentido», manifestó Amnistía Internacional, a través de un comunicado.
En el informe Spain: Brief of information, Amnistía Internacional examina cómo y en qué medida las autoridades españolas han cumplido sus obligaciones internacionales en materia de violencia contra la mujer, en los últimos dos años, según difunde Mujereshoy.
El organismo utiliza el informe para presentar al Comité de las Naciones Unidas diversas recomendaciones que las autoridades españolas deben aplicar para combatir de manera más eficaz la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.
Pero, además, agregan distintos casos de mujeres agredidas que, por diversas negligencias del sistema de denuncia y protección, continuaron en el círculo de violencia sin recibir el debido apoyo.
«El gobierno español debe tomar medidas para prevenir tales hechos», insistió Amnistía y agregó en su comunicado que éste debe, además, garantizar que los funcionarios del Estado asuman su responsabilidad en vez de eludirla alegando deficiencias burocráticas. Si no protegen a las mujeres víctimas de violencia se les deben exigir responsabilidades.
El organismo internacional fue más duro en su crítica insistiendo que resulta preocupante que el gobierno español «no proteja los derechos humanos de las mujeres» porque las deficiencias del sistema estarían entorpeciendo el cumplimiento de las demandas efectuadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU.
Amnistía Internacional detectó que en España faltan investigaciones sobre las necesidades de las víctimas de violencia contra las mujeres y de los grupos más vulnerables como las inmigrantes, las que son objeto de trata, las que habitan zonas rurales y las que tienen alguna discapacidad.
Además, reveló una falta grave de coordinación entre las regiones autónomas y el gobierno central, así como también la falta de centros de acogida públicos para mujeres víctimas, entre una larga lista.
Sin embargo, al llegar al poder, el nuevo gobierno del Partido Socialista (PSOE) propuso un proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres que abarca políticas de prevención, apoyo a las víctimas, investigación y sanción de la violencia.
Según un estudio de 2002, del Instituto de la Mujer de España, ese año más de dos millones de mujeres sufrieron violencia física, psicológica o de ambas clases a manos de su pareja.
Fuentes judiciales indican que entre 2002 y 2003 fueron asesinadas por familiares suyos 131 mujeres, lo que supone un aumento del 59 por ciento en un año y pone, por tanto, claramente de manifiesto la falta de eficacia de las políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres.
2004/GV
