Organizaciones ciudadanas de Chile multiplican acciones contra el fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe la distribución gratuita de la píldora del día después en consultorios públicos, informó Pulsar.
Artistas, bailarinas, rockeras, tejedoras, deportistas, actrices, Premios Nacionales, periodistas, músicas, ingenieras, dirigentas sociales, sociólogas, psicólogas, fotógrafas, documentalistas, escritoras, poetas, decanas, vice decanas, ex primeras damas, abogadas, diseñadoras de moda, críticas literarias, empresarias, teólogas, 175 personas en total, publicaron una inserción en el periódico La Nación, impulsada por la corporación La Morada, rechazando la resolución del Tribunal Constitucional.
Las acciones ciudadanas a favor de la anticoncepción y en contra de la resolución del Tribunal desembocarán en una gran Marcha convocada para el próximo 22 de abril, fecha en que se conocerá la resolución final del Tribunal Constitucional de Chile.
El Tribunal recogió en forma positiva el pedido de 31 diputados de la Alianza opositora que rechazaba la entrega de la píldora en consultorios públicos. Sin embargo, la pastilla se podrá seguir comprando en farmacias de todo el país.
Por otra parte, el TC desestimó la prohibición de los llamados Dispositivos Intrauterinos (DIU) y consideró que el secreto en la entrega de la pastilla anticonceptiva no vulnera el derecho de madres y padres a orientar a sus hijas e hijos.
La diputada María Antonieta Saa, expresó que el fallo está viciado porque un integrante del TC debió inhibirse de colocar su voto. Las y los parlamentarios de la Concertación señalan que Raúl Bertelsen debió inhabilitarse en la votación ya que realizó informes de Derecho en forma privada donde se oponía a la distribución de la píldora.
El ministro portavoz del gobierno, Francisco Vidal, expresó el malestar oficial ante lo que consideró una medida que señala una clara discriminación contra las mujeres de menores recursos.
MMM CHILE
Ante los hechos, la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) en Chile rechazó absolutamente la resolución del Tribunal Constitucional de acoger el requerimiento del grupo de parlamentarios de derecha que solicitaron se prohíba la distribución de la píldora del día después y otros métodos anticonceptivos como la T de cobre y las pastillas hormonales.
Esta medida, dijeron atenta contra los derechos humanos básicos de las mujeres al querer eliminar medidas anticonceptivas que por más de cuarenta años han regido en el país.
No es posible que las políticas sanitarias y reproductivas de más del 50 por ciento de la población chilena estén en manos de nueve personas, quienes argumentando motivos éticos decidan establecer disposiciones con una fuerte carga religiosa en una república laica.
La resolución del Tribunal Constitucional perjudica a más de un millón y medio de mujeres que toman píldoras con levonorgestrel entregada gratuitamente por los Servicios de Salud Pública –la que a criterio de opiniones científicas no es abortiva– y deja a miles de mujeres sin acceso a anticoncepción de emergencia.
La Marcha Mundial de las Mujeres declaró ante la opinión pública que los derechos sexuales y reproductivos fueron legítimamente ganados por las luchas del movimiento de mujeres y feministas desde hace más de cinco décadas en el país.
Esta medida, señalaron, hace retroceder estos avances en materia de bienestar y salud para las mujeres, sobre todos las de los sectores más pobres de la sociedad chilena, dejando a la población en una situación de inequidad frente a los beneficios en salud reproductiva otorgado por el Estado.
En un Estado laico y democrático la sociedad civil no puede permitir que los poderes fácticos dentro de la institución de la Iglesia Católica, grupos fundamentalistas y conservadores, pretendan imponer su ideología clasista sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, afirmaron.
El Estado debe mantener una postura firme y decidida sobre las políticas sociales en materia de salud integral, pues su rol es cautelar el derecho de las familias y las nuevas generaciones al acceso a los servicios públicos, permitiendo la concreción de una vida digna en donde esté asegurada la integridad física y psicológica, amparada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordaron.
Como movimiento de mujeres apoyan las medidas establecidas por el Ministerio de Salud y se declararon en movilización permanente apoyando a la Ministra Soledad Barría quien ha señalado que esta medida provoca una desigualdad profunda, pues las mujeres de mayores recursos podrán adquirir los fármacos anticonceptivos en farmacias pagando por ellas, mientras que quienes tengan menor poder adquisitivo no podrán acceder a éstos.
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