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Mujeres de Mesoamérica demandan respeto a sus derechos

Por Nelson Rodríguez, corresponsal
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La penalización de la interrupción del embarazo, la falta de acceso a anticonceptivos, el encarcelamiento de mujeres acusadas de aborto, la violencia sexual y la falta de educación sobre derechos sexuales y reproductivo, son las principales preocupaciones de feministas que se reunieron en esta ciudad en el II Encuentro Mesoamericano de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, al que asistieron unas 130 mujeres de la región.
 
“Nos preocupan los retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo por el contubernio entre los Estados y las organizaciones fundamentalistas”, denunció Luz Marina Torres, del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, de Managua, una de las organizadoras del encuentro.
 
En el caso de Nicaragua, la penalización del aborto terapéutico, el alto índice de embarazos en adolescentes, las muertes maternas, la violencia sexual y la falta de educación sobre derechos sexuales y reproductivos, ocupan la atención de las organizaciones civiles.
 
En El Salvador, 129 mujeres han ido a la cárcel desde 1998 a la fecha acusadas de aborto, aunque no se han realizado investigaciones que demuestren las verdaderas circunstancias por las cuales las mujeres interrumpieron sus embarazos, dijo Irma Limas, de Ciudadanas por la Despenalización del Aborto en El  Salvador.
 
Esta organización ha logrado que al menos siete mujeres salieran de la cárcel al demostrarse que tuvieron un aborto por razones naturales, y actualmente se gestiona la defensa jurídica de otras 17 presas también acusadas de aborto, explicó Limas.
 
El problema en El Salvador es que muchas mujeres pierden el embarazo por falta de control prenatal, pobreza, violencia y otras causas, sin embargo esto no es tomado en cuenta por las autoridades, además de que les cambian la tipificación del delito, acusó la activista salvadoreña.
 
En Honduras también hay retrocesos, el Estado prohibió la circulación de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE), por lo que han aumentado los embarazos, pero además la violencia sexual afecta a las niñas y adolescentes principalmente.
 
De los 2 mil 500 casos de delitos sexuales al año, más de la mitad ocurren contra niñas y adolescentes, dijo Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer.
 
En Guatemala, pese a que se logró que se implementara la educación sexual en los colegios, ahora el gobierno se niega a distribuir los textos por la influencia de grupos ultraconservadores, señaló Ixmucané Solórzano, de la organización Tierra Viva.
 
Las políticas públicas van en retroceso en Guatemala porque el Estado autorizó que ahora la compra de anticonceptivos se realice a las empresas cuando tradicionalmente lo hacían por intermediarios a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) o de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que permitía mayor acceso, pero con esta nueva medida los métodos se encarecerán, dijo la activista guatemalteca.
 
Al hablar de comunidades indígenas, la problemática es más grave, especialmente porque son lugares marginados. Hasta para realizarse un examen de Papanicolaou, por ejemplo, una mujer de la costa Caribe nicaragüense tiene que esperar de dos a tres meses, dijo Miurel Gutiérrez, del Colectivo de Mujeres Gaviota de Puerto Cabezas, capital de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua.
 
Las participantes del encuentro realizaron un plantón en la avenida Bolívar, en Managua, donde llamaron a las autoridades de la región a respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ejecutar acciones concretas a favor de ellas, y cumplir con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
 
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