Inicio Mujeres luchan contra la paternidad “de closet”

Mujeres luchan contra la paternidad “de closet”

Para las organizaciones feministas el reconocimiento legal de paternidad significa que los padres asuman las obligaciones económicas, de cuidado, asistencia escolar, salud, aseo, alimentación, que ellas atienden solas ante la ausencia o irresponsabilidad de ellos.

Las obligaciones de la crianza deben compartirse entre ambos sexos, pues los efectos emocionales de una figura paterna ausente también educan, reflejan los modelos y patrones culturales, de tal manera que el fenómeno se reproduce, explica Rosario Martínez García, directora del Centro de Prevención y Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar (Cepavif) de Zacatecas.

El reconocimiento de la paternidad se sostuvo durante siglos en la palabra de los progenitores, quienes la aceptaban o no. En ocasiones se acudía a demostraciones empíricas, como el parecido físico de la hija o hijo con quien lo engendró. Pero la ciencia aportó las pruebas de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), a través del análisis de los genes, como evidencia contundente de que una persona había sido engendrada por otra.

Ante la negativa de algunos hombres a realizarse la prueba de ADN, bajo el argumento de que viola sus garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, que se refieren al derecho a la integridad corporal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el derecho que tienen niñas y niños a la identidad les garantiza tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nacen, así como una nacionalidad y conocer su filiación y origen.

Es también un derecho consignado en la Declaración de los Derechos del Niño, de la que el Estado Mexicano es signatario. Y tiene que ver con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, para miles de mujeres que demandan el reconocimiento, los procesos legales resultan no sólo prolongados, sino costosos y dependen en muchas ocasiones de que las y los jueces tengan una visión de género. Además, las pruebas de ADN tienen aún altos costos que las hacen inaccesibles para millones.

PUEBLA Y ZACATECAS

En Puebla,desde el año pasado las leyes locales reconocen como válida la prueba de ADN y en los últimos 5 años aumentaron las demandas de reconocimiento de paternidad en los juzgados familiares.

Aunque el demandado se oponga a la prueba, el Artículo 293 del Código Civil para la entidad establece que la negativa se presumirá, salvo prueba en contrario, su ascendencia biológica.

Existen un promedio de 12 mil expedientes y desde 2003 la estadística no registra menos de 10 mil casos en la zona centro y capital del estado. En lo que va del año, la Procuraduría del Ciudadano ha iniciado 6 demandas de Juicios de Paternidad que presentaron pruebas de ADN para que padres reconozcan a sus supuestas hijas e hijos.

Lo mismo sucede en Zacatecas, donde de cada mil mujeres atendidas en el Centro de Prevención y Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar (Cepavif), la mitad busca la protección paterna para sus hijos, dice la Directora de esa institución.

Perola mayor parte de estos juicios fracasan por excesivos trámites y diligencias, así como por falta de laboratorios para la prueba de ADN, que es requisito legal, pero cuyo costo alcanza los 10 mil pesos.

ISABEL Y ALBERTINA

En Puebla, Isabel Fuentes de María Huitrón demandó al rotario y empresario Fernando García Limón, como consta en el expediente 387/05 en el juzgado 5 de lo Familiar, para que reconociera a su hijo.

Isabel olvidó el “qué dirán” y apoyada por Bárbara Ganime, presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso local, expuso su caso en el Centro Estatal de Mediación y en el Juzgado 1 de lo Familiar, bajo el expediente 1271/2007, donde las autoridades intentaron una “conciliación”. No hubo arreglo, “nunca más se comunicaron conmigo”, dice Isabel.

Decidiócontinuar con el proceso, que involucró a un perito en genética, cuyos honorarios fueron de 8 mil pesos, más 25 mil pesos para la prueba de ADN, 16 mil de laboratorio y mil de la toma de muestra, que se realiza frente al juez.

Hay lentitud, tropiezos y desencuentros en el proceso legal, dice Isabel, de 49 años, pero a ella la apoyó la Procuraduría del Ciudadano. Afirma que las mujeres no acuden a los tribunales porque desconoce sus derechos y el costo de la prueba es alto. Ella acudió a todas las instituciones del estado, pero ninguna presta ese apoyo.

“Quiero que mi hijo sepa que di la pelea, me tardé 14 años en reunir el valor para enfrentar a su padre y a sus relaciones sociales”, afirma. Pero se convenció de que “nuestras leyes protegen a los derechos de las y los niños y las mujeres, que no hay nada de indigno y denigrante en defenderse”.

Enfrenté, dice, mi propia ignorancia, supe por fin que él no podía quitarme a mi hijo –miedo que me paralizó por años– y que es posible solicitar una pensión alimenticia y los derechos que mi hijo tiene sólo por haber nacido en este estado.

Casi al mismo tiempo, pero en Zacatecas, Albertina, empleada del hogar de 32 años, decidió tocar puertas en busca de ayuda para demostrar que Jaime Palacios es el progenitor de su hijo. Acudió a la Comisión Estatal de Integración de las Personas con Discapacidad, pues le falta la mano izquierda, a la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del estado, entre otras dependencias, y sólo recibió recomendaciones escritas.

Obtuvo respuesta afirmativa del entonces regidor del ayuntamiento capitalino, Ricardo Téllez, quien le dio respaldo jurídico y económico para instalar el juicio y practicar la prueba de ADN en el Laboratorio Genomelab, de Guadalajara, Jalisco, cuyo costo fue de 14 mil 900 pesos.

Este litigio fincó un precedente pues quedó en evidencia que en la entidad no hay equipos para pruebas de ADN en las instancias judiciales o de atención a problemas sociales de las mujeres.

08/KC,TM,MCyWH/GG

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