Al menos 20 mililitros de sangre de cinco mujeres fueron vertidas sobre las fotografías del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y de otros cuatro funcionarios, durante una protesta para exigir la no intervención de la fuerza pública en esta capital como medida para «controlar» el movimiento magisterial y popular que lleva ya 130 días.
Las mujeres que ofrendaron su sangre fueron Ana María Hernández y de Aline Castellanos, ambas integrantes de la asociación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Guadalupe Carmona, del Grupo de Apoyo a la Educación de la Mujer; Zoila Coca del Centro de Desarrollo Comunitario y Nancy Hernández, del Grupo Mesófilo.
Las fotografía manchadas pertenecían a los rostros de Ulises Ruiz, así como del presidente del Congreso local, Bulmaro Rito Salinas, la procuradora de Justicia del Estado, Lizbeth Caña Cadeza; del secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárraga, y del ex titular de ese mismo cargo, Jorge Franco.
Se trata, explicó Ana María Hernández, en entrevista con Cimacnoticias de una «acción de rebeldía pacífica frente a la docena de voces que dicen que la fuerza pública es la salida al conflicto político-social que vive Oaxaca».
La dirigenta de Consorcio para el Diálogo Parlamentario sostuvo que esta es una acción contra la violencia institucional del estado; la violencia que ejerce el gobierno federal al hacer caso omiso del reclamo social que demanda la población oaxaqueña.
«Ofrendamos nuestra sangre, por los desparecidos, los torturados, por las cinco personas muertas en la lucha y porque la sangre es la vida», señaló Hernández Cárdenas, quien añadió que este acto «es un símbolo de que Ulises Ruiz ha manchado con sangre el pueblo de Oaxaca».
Cierto, abundo la entrevistada, sacarnos sangre y verterla sobre las imágenes es una medida extrema ante las voces que intentan dar una salida extrema al problema político social, al demandar el uso de la violencia policíaca seguramente sería manchar más de sangre a Oaxaca.
Hoy fuimos un grupo de mujeres, pero estoy segura que hay muchas más personas queriendo hacer llamados pacíficos no a la violencia, puntualizó la entrevistada, quien aseguro que el mandatario oaxaqueño debe ser sometido a juicio político y castigado.
Luego de «encarcelar» al gobernador y al resto de los funcionarios de Oaxaca, la presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Jessica Sánchez Maya, informó que este es el inicio de una serie de manifestaciones «de mayor intensidad», contra cualquier intento de represión a quienes participan en el movimiento magisterial y popular.
Entre las acciones propuestas destaca la posibilidad de establecer un «cordón humano» en el perímetro del zócalo capitalino en las próximas horas, en la que participaran ciudadanos y cuidadanas, e integrantes de diversas organizaciones no gubernamentales.
En un comunicado firmado por más de 30 organizaciones, señalan que los acontecimientos violentos en el territorio de Oaxaca, y particularmente aquellos en los que interviene el «desgobierno» del estado están marcados por la impunidad y el rompimiento del tan llevado y traído «estado de derecho».
Advierten que el quebrantamiento de los derechos elementales del pueblo oaxaqueño, no lo realizan los ciudadanos y ciudadanas, ni tampoco es reciente sino que «ha sido una práctica cotidiana de Ulises Ruiz Ortiz y su camarilla».
El pueblo de Oaxaca no se resigna, de ninguna manera, a aceptar este estilo autoritario y violador de sus derechos, por lo que demanda una salida con justicia y dignidad al conflicto actual, rechaza la violencia y repudia la represión.
Nosotros, como parte de este pueblo, rechazamos terminantemente el uso de la fuerza pública como vía para resolver este y cualquier otro conflicto social y político, pues «nada» justifica el uso de la violencia y mucho menos como respuesta a una petición justa del pueblo basada en derecho.
Los hechos ocurrieron en medio de un paro de actividades comerciales convocado por cúpulas empresariales y otros organismos de la derecha que mostraba signos de fracaso.
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