El trópico en el departamento de Cochabamba es exuberante, porque la naturaleza fue pródiga con esta región, cuna política de Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia quien enarboló la hoja de coca como símbolo de lucha.
La producción de coca es la base de la economía de los cinco municipios de la zona: Villa Tunari, Chimoré, Puerto Villarroel, Shinaota y Entre Ríos. De ahí que el narcotráfico se haya instalado en ese lugar desde la década del ochenta, generando un escenario de permanente conflicto, que afecta a toda la población por las políticas estatales de erradicación e interdicción, en especial durante los gobiernos neoliberales.
Desde la asunción de Morales a la presidencia, en 2006, la tensión bajó, pero no ha desaparecido. En ese contexto, las mujeres viven una doble situación de violencia. Según un estudio del Defensor del Pueblo, el índice de agresiones por parte de sus parejas es mayor al de otras regiones de similares características, pero donde no existe una situación de conflicto generalizado.
Es muy fuerte la violencia contra las mujeres, hay mucho machismo. Aunque se diga que hay equidad de género, no es así, dijo a SEMlac Jovita Espíritu, concejala por el Movimiento al Socialismo (MAS) en el municipio de Entre Ríos.
Para ella, la violencia se ha vuelto un hecho ‘normal’, como resultado de la forma de vida en la región. Estamos mal acostumbrados, no tenemos viviendas cómodas, vivimos hacinados y la violencia se reproduce más, ya que la juventud se forma en ese entorno.
Además, hay infinidad de locales de expendio de bebidas alcohólicas. Los jóvenes beben; jovencitos tienen pareja, las chiquillas quedan embarazadas y los padres ven como salida casarlos o concubinarlos, afirma. Pero las uniones duran poco y campea la irresponsabilidad paterna. La violencia física y la económica van de la mano, sostiene la concejala.
Similar es el criterio de Alberta Cruz, directora de Desarrollo Humano del municipio de Puerto Villarroel, quien cree que los elevados niveles de consumo de alcohol desatan la mayoría de las agresiones a las mujeres.
Un oyente de radio Carrasco, en el municipio de Chimoré, atribuyó la violencia contra las mujeres y también contra los hijos e hijas al narcotráfico.
CON LA VENIA DEL MARIDO
La participación de las mujeres en la actividad política también se ve restringida por el machismo y por el fantasma de la violencia. Espíritu dice que ella no tuvo problemas con su marido, que asumió la crianza de su tercera hija que ahora tiene dos años y medio.
Sin embargo, ella se cuestiona si el apuro del mediodía para llegar a su casa y preparar la comida es porque le gusta hacerlo o porque teme los reclamos de su esposo. En todo caso, nunca dejó de ocuparse de las tareas domésticas.
A otras mujeres, en cambio, les cuesta mucho y hay casos en los que sus parejas han acudido incluso al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Entre Ríos a pedir que la oficina, mediante carta, pida el retiro de la mujer de un cargo directivo porque no estaba cumpliendo con sus obligaciones en el hogar.
A la mujer le reprochan más, el hombre tiene que dar su autorización para que su pareja ejerza la función política, afirma a SEMlac el responsable del SLIM y de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Entre Ríos, José Roque García.
En el trópico de Cochabamba, todas las personas afiliadas a cualquiera de las seis federaciones de productores de coca tiene que ejercer al menos una vez la dirigencia. En su estructura organizativa está la federación de hombres y mujeres que se ocupan de acompañar la gestión de sus municipios.
Pero igual estamos muy sujetas e influenciadas por los varones, porque cuando se realizan los ampliados se toman las mismas determinaciones y temarios que los de los hombres, aunque las mujeres tenemos otros problemas y otras inquietudes, critica Jovita Espíritu.
LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA
El SLIM de Entre Ríos recibe un promedio de cinco denuncias al día y es similar la situación en los otros municipios. Simultáneamente otras instituciones, como la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el Defensor del Pueblo, la Policía y las Brigadas de Protección a la Familia, entre otras, atienden a diario más quejas.
Alrededor del 60 por ciento de las denuncias ante la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, son de mujeres agredidas por sus parejas, indica a SEMlac María Salomé Jaldín, de la Fundación Ayni, organización que trabaja en la prevención de la violencia sexual comercial en el trópico.
Entre mayo y septiembre de 2009, el SLIM recibió más de 400 denuncias. Las pocas denuncias de hombres contra mujeres tienen que ver, más bien, con actos de defensa propia, asegura Roque. En más del 80 por ciento de los casos, las parejas viven en concubinato, es decir en unión libre.
SIN RESPUESTAS
Una dificultad en el trópico es la convivencia de diferentes culturas e idiosincrasias, ya que la región se caracteriza por ser una gran receptora de migración interna desde el occidente y el oriente del país. Las costumbres son muy diferentes y eso impide llegar a soluciones concretas para las denunciantes, indica Roque.
Jaldín sostiene que los casos resueltos no llegan ni al 10 por ciento de las quejas y para ella esto se debe a dos factores: al cumplimiento de la letra muerta de las leyes, aun cuando éstas no coinciden con la realidad que se vive en la región, y a las indecisiones de las mujeres que hacen las denuncias, debido a la presión social que las condena cuando deciden liberarse de su agresor.
Arcely Soza, también de Ayni, añade que a las instituciones no sólo les falta personal y coordinación entre ellas, sino compromiso y estabilidad funcionaria. Por ejemplo, para una población de 178.769 personas en los cinco municipios, de acuerdo al último censo de 2001, hay un médico forense. Entonces, las heridas, que suelen ser graves, sanan antes de tener una certificación del daño.
De acuerdo al Estudio de violencia intrafamiliar en contextos de violencia generalizada: trópico cochabambino, realizado por el Defensor del Pueblo en 2006, el 66 por ciento de 124 entrevistadas admitió que en sus hogares impera la violencia contra ellas, mientras que el 86 por ciento de 50 hombres reconoce lo mismo; en ambos casos los varones son identificados como los agresores.
MIEDO A DENUNCIAR
Si bien la mayoría de las mujeres conoce alguna institución dónde realizar una denuncia, el 78 por ciento no reportó la agresión por miedo, vergüenza y falta de recursos. Un 17 por ciento no sabía a dónde acudir. Un 5 por ciento de mujeres y un 20 por ciento de hombres creen que la violencia en el hogar es normal y que debe ser así.
Entre las justificaciones de los hombres está que sin violencia no hay orden en el hogar, y que las mujeres y los hijos hacen lo que quieren. Ellos se hacen respetar a golpes.
Jaldín, empero, destaca el hecho de que el tema de la violencia contra las mujeres ya esté en la agenda de las organizaciones sociales y sindicales de la región. Ella relata que en un congreso de federaciones incluso emitieron un voto resolutivo para sancionar a los agresores. Que lo ejecuten es otro proceso, pero se está generando conciencia, concluyó.
09/HAV/LGL
