La organización no gubernamental Defensoría de los Derechos de la Infancia propuso que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sea la única institución facultada para atender el bienestar de las niñas y los niños que son separados temporalmente de su familia y que opere como albergue temporal, además de retirarle a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) facultades ajenas a su actividad investigadora.
En conferencia de prensa, Margarita Griesbach, directora de la oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, añadió que es necesaria una reforma integral para la atención de las niñas y niños bajo custodia del gobierno local por lo que es urgente una reforma integral para concentrar en un solo organismo el bienestar de las niñas y niños, además de otorgarle facultades específicas y transparentes a las instituciones del Gobierno del Distrito Federal (GDF), encargados de cuidar a niñas y niños.
Por su parte, Carlos Nobara también de la Oficina de Defensoría de los derechos de la Infancia, denunció que muchos de los menores de edad fueron canalizados a albergues de manera antijurídica por fiscalías desconcentradas que no tienen esa facultad, de acuerdo con el reglamento de la fiscalía, porque la única encargada de canalizarlos es la Fiscalía de menores de edad.
En este sentido, subrayó la incompetencia, negligencia e ignorancia de los servidores públicos en relación con sus facultades y obligaciones expuestas en los estatutos del Artículo 49 de la Ley de niños y niñas del Distrito Federal, donde se establece que se debe actuar de oficio cuando una niña o niño se encuentre en estado de vulnerabilidad.
Asimismo el Artículo 9 de la Convención de los niños señala que ningún menor de edad puede ser separado de su familia, salvo que sea contraproducente para el menor de edad y la decisión siempre debe tener un carácter judicial.
A su vez, el diputado Agustín Castilla exhortó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) para recuperar a los 11 menores de edad desaparecidos, además de condenar a los responsables, para evitar que se continúen violentando los derechos de los menores de edad.
Finalmente Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, recapituló las irregularidades y delitos en torno al caso de Casitas de Sur, desde los cateos en Pachuca, Hidalgo y Morelos. Sauri reflexionó sobre el papel de los albergues en México desde hace 500 años en donde no ha habidoningún avance en materia de políticas públicas.
09/NA/LAG
