En el primer trimestre de este año fueron asesinadas 26 mujeres en Nicaragua, entre ellas dos niñas y una adolescente, según el monitoreo de prensa y medios electrónicos que registra el Observatorio de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
El feminicidio en esta nación centroamericana va en ascenso a pesar de que existen una Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, un supuesto compromiso de las autoridades para castigar los crímenes, y una serie de campañas de concientización emprendidas por grupos ciudadanos.
En el primer trimestre de 2011 el saldo de mujeres asesinadas llegó a 17, por lo que el aumento de este año es evidente, especialmente en el interior del país, indica el análisis de CDD.
La mayoría de las víctimas fueron ultimadas por sus ex parejas o personas conocidas, por lo que las organizaciones de mujeres exigen el castigo máximo para los asesinos ya identificados plenamente.
Managua, la capital del país, sigue ocupando el primer lugar de violencia contra las mujeres. En este primer trimestre se reportaron 10 mujeres asesinadas, ocho en las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur, y con dos cada uno de los departamentos de León y Matagalpa, detalla CDD en su informe.
«El feminicidio muestra el real contexto de violencia y discriminación hacia las mujeres; se convierte en uno de los principales problemas sociales que tenemos que enfrentar, pues es evidente que las construcciones sociales de nuestra sociedad toleran la violencia basada en la discriminación de género. Ni una muerte más», demanda la organización civil.
CASOS DE IMPUNIDAD
En tanto, en un comunicado, la Red de Mujeres contra la Violencia recordó el caso de la joven Yaritza del Carmen Aguirre, de 17 años y originaria de Palacaguina, departamento de Madriz, al norte del país.
Desde el 29 de junio de 2009 ella fue agredida por su acosador sexual Francisco Javier Falcón Melgara, un agricultor de 30 años que le disparó con arma de fuego y la dejó cuadrapléjica durante dos años hasta que falleció el pasado 31 de marzo.
La Red de Mujeres indicó que el caso fue manejado de manera inapropiada por la Fiscalía y las autoridades judiciales, a tal punto que el feminicida en un inicio fue condenado a tres años y tres meses de cárcel, luego en apelación le dieron sólo seis meses. Al final fue liberado en diciembre de 2010 por su «buen comportamiento».
La organización civil acusó que el Estado nicaragüense estaba obligado a proteger la vida de Yaritza y a resarcir los daños. «Es un hecho que el feminicida está quedando en la impunidad, mientras una familia llora la muerte de su hija y es un mal ejemplo para la sociedad nicaragüense», advirtió.
La historia de Yaritza es una muestra del odio, acoso sexual y violencia ejercida por un hombre contra una adolescente. Todos sus sueños, juegos, metas y propósitos de vida fueron dañados, dijo por separado el Colectivo de Mujeres ITZA.
ITZA, agrupación que acompañó el caso de Yaritza, condenó el hecho y exigió al Estado nicaragüense un «basta ya» a los hechos violatorios contra mujeres víctimas de situaciones similares, «porque con este caso se deja un mal precedente histórico ante la grave situación de violencia institucionalizada», subrayó.
Si bien las autoridades de la Corte Suprema de Justicia han asegurado que no tolerarán la violencia de género y que por eso apoyan la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, las diferentes demandas que organizaciones civiles y familiares han presentado ante el máximo tribunal están en la congeladora.
ITZA interpuso la denuncia por el caso Yaritza ante la Corte Suprema y entregó un expediente con fines de investigación ante la deficiente actuación del sistema judicial.
También solicitó una audiencia con el fiscal general, Julio Centeno, para exponerle el caso y dar seguimiento a los funcionarios que participaron en el proceso. A la fecha no ha obtenido respuesta.
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