Niegan a migrantes jornaleras programas de atención

Las mujeres jornaleras emigran, desde la infancia y por el resto de sus vidas, de los municipios de más alta marginación para trabajar en condiciones inhumanas en los campos del norte del país, principalmente Sinaloa (67 por ciento), Baja California, Sonora y Chihuahua.
 
Así lo informó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en la presentación del informe “Migrantes somos y en el camino andamos”, que se llevó a cabo hoy durante el foro “La situación de los Derechos Humanos de las y los jornaleros indígenas”, en el Senado de la República.
 
Barrera Hernández señaló que las jornaleras representan 47 por ciento de la población indígena que se dedica a esta actividad en los campos agrícolas, y que en los últimos años ha crecido el número de mujeres que emigran como jefas de familia, quienes viajan con sus hijas e hijos, porque no tienen con quien dejarlos.
 
Esto implica que las y los niños que viajan con sus madres pierdan la oportunidad de estudiar debido a que en los campos en los que trabajan por temporadas no hay escuelas, y en las comunidades de origen los dan de baja si dejan de asistir o se niegan a inscribirlos si ya inició el año escolar.
 
Por tanto, al negarles el derecho a la educación, se les condena al trabajo infantil y a perpetuar las condiciones de pobreza extrema en las que viven durante generaciones, explicó el activista.  
 
Como le sucedió a Hermelinda Santiago, integrante del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña, quien a sus 28 años tiene dos décadas de experiencia en el campo, ya que inició cuando apenas tenía ocho años de edad.
 
Hermelinda narró que las trabajadoras agrícolas no tienen derecho a la salud, aunque las condiciones laborales del campo les causen severos daños por trabajar bajo la inclemencia del sol y en jornadas extenuantes, llevar pesadas cargas de hasta 60 kilos, exponerse a químicos peligrosos y a condiciones insalubres y de hacinamiento.
 
Al respecto, el director de Tlachinollan comentó que una de las principales carencias que tienen las mujeres jornaleras es el acceso a la salud, pero principalmente a la sexual y reproductiva, toda vez que muchas de ellas están embarazadas y trabajan igual que sus pares varones, por lo que aunado a la falta de seguridad social, se mantienen los altos índices de muerte materna.
 
Barrera Hernández denunció que los programas sociales que anuncia el gobierno federal no son suficientes ni efectivos para atender a esta población, por lo que pidió que no sólo se centre el debate migratorio en las violaciones a la población centroamericana o los connacionales en Estados Unidos, ya que 9 de cada 10 personas que emigran lo hacen dentro de México.
 
En respuesta a ese señalamiento, la senadora del PAN Luisa María Calderón, secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, sostuvo que sí hay programas sociales específicos para las y los jornaleros, en materia de salud y estancias infantiles, y aseveró que estos tendrían que adaptarse a la realidad migrante y no viceversa.
 
Hermelinda le respondió que las trabajadoras indígenas sí conocen sus derechos laborales y saben que estos programas existen, pero denunció que a sus comunidades no les llegan y que cuando los han exigido las autoridades les dicen que no tienen derecho a ellos.
 
La senadora del PRD Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hizo un llamado a dejar de fingir que se ignora en qué condiciones viven quienes laboran en este sector.
 
La legisladora instó a pasar de la conmoción que provocó el testimonio de Hermelinda y un video elaborado por Tlachinollan, a tomar acciones y medidas urgentes para regular esta situación.
 
Asimismo propuso un equipo de trabajo en el que no sólo participe la comisión que preside, sino que también se sumen las comisiones de Trata de Personas, Asuntos Indígenas, Trabajo e Igualdad de Género, para que vayan a los campos agrícolas a ver lo que denunció el director de Tlachinollan, y legislar a favor de mejorar sus condiciones laborales y el respeto a sus Derechos Humanos.
 
La senadora panista Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, refirió que no sólo se trata de modificar las leyes sino de vigilar su correcta aplicación mediante la asignación presupuestal y el seguimiento de los programas.
 
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