Miles de niñas, niños y adolescentes en América Latina padecen diferentes formas de violencia practicadas por las instituciones del Estado, sus órganos y agentes en nombre de la ley y el orden, destaca el Informe Mundial de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños.
El concepto de violencia institucional es amplio y contempla diversos ámbitos que van desde centros de salud y acogimiento, hasta dependencias policiales o de internación para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Pero entre todas las formas de violencia, la que ejerce la policía en muchos países de América Latina, y que incluye la violencia física, verbal, psicológica y sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, tiene ciertas particularidades, pues se comete en la clandestinidad y con prácticas de encubrimiento.
La violencia practicada por agentes del Estado en función del control social es además uno de los ámbitos en los que operan con más fuerza ciertas representaciones sociales sobre las y los adolescentes, especialmente la que vincula pobreza con violencia y delito y transforma las y los adolescentes pobres en peligrosos.
La mayoría de las y los adolescentes y jóvenes terminan identificando a la policía como un peligro, y no como una instancia a la que puedan recurrir en busca de protección.
Las medidas cada vez más punitivas, incluida la detención a gran escala de presuntos miembros de bandas, asociada con la arbitrariedad, la ineficacia y una imposición violenta de la ley contribuyen aún más a estigmatizar a los jóvenes pobres y al aumento de la violencia, señala el estudio de la ONU.
El informe mundial plantea, en términos globales, que la vulnerabilidad de los niños a la violencia está relacionada con su edad y capacidad evolutiva. Algunos niños, debido a su género, raza, origen étnico, discapacidad o condición social, son especialmente vulnerables.
POR QUÉ CONTRA ELLAS Y ELLOS
Las ciudades latinoamericanas, las más grandes especialmente, son ricas en expresiones juveniles, que funcionan como movimientos sociales. En algunos contextos se las ha denominado culturas juveniles», dice por su parte la organización Plan Internacional.
«El uso de prendas de vestir y adornos corporales característicos, su carácter más o menos organizado, un lenguaje peculiar y valores explícitos no son raros en estos grupos, añade. No se trata de agrupaciones delictivas o violentas pero es frecuente que estén señaladas con el estigma de tales.
Esta estigmatización de los adolescentes termina por señalarlos como personas violentas, delincuentes o sospechosas de serlo y víctimas de la persecución policial. El acoso policial contra estas personas y las limpiezas sociales son expresiones de esta clase de estereotipos que contribuyen a agravar el ciclo de la violencia, al producir antagonismo y desconfianza entre jóvenes y autoridades, advierte el Plan.
El especialista en derechos humanos e infancia Sergio Pinheiro recomienda en el informe mundial que los Estados reduzcan las cifras de niños y niñas que entran en el sistema judicial dejando de considerar delitos en razón de la condición (comportamientos exclusivos de niños, como ausentarse de la escuela, fugarse de casa o no poder estar controlado por los padres), conductas de supervivencia (mendigar, escarbar entre la basura, merodear o vagabundear) o actividades de trata o explotación delictiva a que puedan verse sometidos.
07/NS/GG
