Desde hace al menos 20 años las mujeres en el estado de Chihuahua son altamente vulnerables a ser víctimas de feminicidio, pues el estado carece de políticas públicas para erradicar la violencia de género y proteger a la población femenina.
La Red Nacional de Comunicación y Acción Urgente de Defensoras de Derechos Humanos (DH) en México acusó que esta situación, sumada a la reiterada negativa del gobierno local de reconocer la violencia feminicida que vive Chihuahua, “hace imposible que alguna mujer esté a salvo en la entidad”.
Muestra de este contexto de impunidad y negligencia es el reciente asesinato de Berenice Miranda Gómez, sobrina de Alma Gómez Caballero y Gabino Gómez Escárcega, fundadores del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y El Barzón-Chihuahua.
En una carta abierta al gobernador chihuahuense, César Duarte, la Red –que agrupa a activistas, defensoras de DH, organizaciones y periodistas de distintos estados– condenó el asesinato de la joven de 26 años, a quien se localizó sin vida en su domicilio en un fraccionamiento privado y equipado con cámaras de seguridad, “es decir el lugar más seguro que puede ser el hogar”.
Según la misiva, el responsable del asesinato fue identificado plenamente, por lo que se exigió a Duarte que se castigue al feminicida conforme a la ley y se investigue si no hubo más involucrados.
A decir de la Red, ante estos hechos el mandatario local debe reconocer la grave situación que vive Chihuahua e informar públicamente de ella, “sin reservar información trascendental sobre los casos de feminicidio” y así evitar que sigan sucediendo.
La Red también reclamó que se emprendan medidas urgentes y reales para detener la violencia de género en el estado al recordar que el asesinato de Berenice forma parte de los cientos de casos impunes, ya que la tasa de homicidios en la entidad es de 34.73 asesinatos por cada 100 mil mujeres, es decir, 15 veces más alta que la tasa de homicidios de mujeres a nivel mundial, que es de 2.6.
“Varias de estas víctimas han sido defensoras de DH como Marisela Escobedo Ortiz y Josefina Reyes Salazar, crímenes que son parte del 95 por ciento de los homicidios de mujeres en Chihuahua que continúan en la impunidad”, repudió la Red.
Durante 2012 el Cedehm denunció que la ocupación militar y policiaca en Chihuahua incrementó los asesinatos de mujeres de manera exponencial, toda vez que mientras en 2007 se registraron 53 crímenes, para 2010 –año del mayor despliegue militar contra la inseguridad– la cifra se disparó a 584.
Al elevado número de casos de feminicidio que se registran al año en la entidad, se suman las altas cifras de desapariciones de niñas y mujeres, así como la alta vulnerabilidad en la que realizan su labor las y los defensores de DH, quienes en reiteradas ocasiones han sido víctimas de agresiones y amenazas.
Para las y los integrantes de Cedehm –por ejemplo– la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano medidas cautelares.
Cabe destacar que Chihuahua fue catalogado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU como el estado de mayor riesgo para las y los defensores humanitarios en México.
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