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“No es delito querer cambiar una ley injusta para las mujeres”

Por Anaiz Zamora Márquez
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La criminalización absoluta del aborto en El Salvador no sólo representa una violación a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, también deriva en una persecución de las salvadoreñas, incremento de las muertes maternas, violaciones al debido proceso cuando son procesadas, y un clima de hostigamiento contra quienes defienden sus derechos.
 
Hace 16 años (1998) entró en vigor un nuevo Código Penal en el país centroamericano, que eliminó la posibilidad de que las mujeres pudieran interrumpir su embarazo en todas las circunstancias,  incluso cuando fuera producto de una violación, corriera peligro su vida o su salud, o cuando el feto tuviera malformaciones.
 
En 2013 el caso de Beatriz, joven de 22 años que presentaba un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro) que ponía en riesgo su vida debido una enfermedad que ella padecía, demostró el impacto desproporcionado que tiene en las mujeres esa prohibición. 
 
Las solicitudes de indulto –presentadas en abril pasado a la Asamblea Legislativa de El Salvador– para 17 mujeres sentenciadas (hasta con 50 años de cárcel) por homicidio agravado, pero que en realidad tuvieron un parto o aborto espontáneo, evidencia que la prohibición de la interrupción del embarazo genera criminalización especialmente contra mujeres jóvenes.
 
Durante su estancia en México Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador  –organización que ha intervenido en ambos casos–, conversó con Cimacnoticias sobre la manera de aplicar la legislación con un sesgo de clase e injusticia social que se da en su país.
 
Lo que ha pasado –dijo Morena, quien ha revisado múltiples expedientes de acusaciones por aborto u homicidio agravado– es que cuando las mujeres tienen problemas durante su embarazo, presentan algún aborto o parto prematuro, y acuden a los servicios de salud son denunciadas, y sin pruebas reales son procesadas.
 
Con el objetivo de hacer un análisis del contexto que vivían las mujeres en El Salvador, la Agrupación revisó los expedientes de todos los tribunales del país y se encontró con 129 mujeres que entre el año 2000 y junio de 2011 habían sido denunciadas por abortar.
 
Al estudiar los expedientes, se identificó a 17 mujeres que en un primer momento fueron acusadas de aborto, pero al no comprobarse los hechos las autoridades decidieron abrir una nueva acusación por homicidio agravado.
 
Tras recurrir a varios recursos legales, la Agrupación decidió presentar 17 solicitudes de indulto, pues este es el último recurso para lograr su libertad.
 
Es de destacar que existen otras ocho mujeres condenadas a 30 años de prisión, pero sus sentencias aún no son firmes, es decir, están en proceso de apelación por lo que el indulto no procede. A ellas se deben sumar las tres mujeres condenadas por el mismo delito que la organización logró poner en libertad.
 
Todas ellas coinciden en tener un bajo nivel educativo, ser jóvenes y tener trabajos en el sector informal, al mismo tiempo tienen en común que sus sentencias no fueron emitidas con base en pruebas directas, sino por indicios; por ejemplo, en algunos casos se dice que la mujer “no hizo todo lo posible para salvar al producto”.
 
Morena Herrera explicó que estas 17 mujeres no cometieron ningún delito, pues la gran mayoría de ellas tuvieron abortos espontáneos, extra hospitalarios y en situación de emergencia, es decir, presentaron una contracción y muy poco tiempo después arrojaron al producto. La falta de acceso a servicios cercanos les impidió recibir la atención oportuna.
 
En dos de los casos se trata de mujeres que sintieron la necesidad de ir al baño y tuvieron el parto en letrinas, debido a las condiciones en las que viven. Sin embargo ambos productos sobrevivieron y por tanto no hubo homicidio, y “aún así están en la cárcel”. En otro hecho, la joven desconocía su condición y tuvo un aborto espontáneo.
 
Todas ellas –abundó Herrera– acudieron en malas condiciones de salud (desangrándose o con infecciones) a los servicios sanitarios, donde fueron denunciadas. Algunas fueron acusadas por sus propios familiares o personas conocidas.
 
Tras conocer las historias de las mujeres, que debido a su condición de pobreza no son visitadas por sus familias, la organización decidió manifestarse en contra de la injusticia y presentó las 17 solicitudes de indulto con base en la Ley de Ocursos y Gracia.
 
EN ESPERA DE JUSTICIA
 
Esta semana, la Asamblea Legislativa informó que el Consejo Criminológico –que dicta pautas sobre el tratamiento de las personas internas– ya entregó 15 análisis de conducta (que dan cuenta de la forma en que las mujeres se han adaptado o no a las reglas y normas de la cárcel) que se pidieron sobre las 17 solicitudes. Doce de ellos son desfavorables y tres favorables.
 
Debido al proceso que se tiene que seguir en las solicitudes de indulto, los análisis de conducta deben ser enviados a la Corte Suprema de Justicia para que ésta determine su postura y la regrese a la Asamblea Legislativa, para que finalmente la instancia emita, en caso de que conceda el indulto, un decreto que tiene que ser ratificado por el presidente del país.
 
En ese contexto, la feminista salvadoreña apeló a que las instancias involucradas reconozcan la injusticia, la falta de pruebas de los hechos, las violaciones al debido proceso y el simple hecho de que las 17 mujeres no cometieron ningún delito y están presas de manera injusta porque no se provocaron un aborto, así como a que se consideren los factores culturales y de alto riesgo a su salud que viven las mujeres debido a la legislación restrictiva.
 
Ante la relevancia del caso incluso a nivel internacional, grupos empresariales cercanos a la Iglesia católica iniciaron una campaña de desprestigio contra las 17  mujeres presas, revelando sus nombres y calificándolas de “asesinas” en diversos medios de comunicación. 
 
Esta campaña también se trasladó a las activistas que defienden a estas mujeres que “no son asesinas, no cometieron un delito y por lo tanto nunca debieron ir a la cárcel”. En días recientes, las defensoras han recibido amenazas de que serán denunciadas por el delito de “asociación ilícita” y por promover el delito de aborto. 
 
“Nosotras no promovemos el aborto, defendemos los Derechos Humanos de las mujeres y el acceso a la justicia para ellas; creemos que esta ley es injusta y que hay que cambiarla, y eso no puede ser considerado un delito”, sostuvo Herrera al recordar que atentar contra las personas defensoras es también vulnerar el Estado de Derecho.  
 
Finalmente apuntó que no se trata sólo de visualizar a las mujeres que están presas, sino también de denunciar el impacto en la salud de las salvadoreñas.
 
De 2006 a 2013, según datos del Ministerio de Salud de ese país, 68 jóvenes adolescentes embarazadas se suicidaron, y en ese mismo periodo murieron 107 mujeres que presentaban alguna enfermedad o condición médica incompatible con el embarazo, pero a quienes se les prohibió interrumpirlo.  
 
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