Académicas y feministas reconocieron que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un logro del movimiento amplio de mujeres y de las feministas, por lo que no permitirán que exista la mínima posibilidad de que regrese al Congreso de la Unión para ser «corregida».
Luego de las severas críticas que ha recibido esta Ley, publicada el pasado 1 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, por parte de diversos sectores de la sociedad, las académicas de la UNAM y del Colegio de México (Colmex) hicieron un llamado «a no caer en provocaciones que son producto del desconocimiento de la Ley».
Para la investigadora del Colmex, Lucía Melgar, la Ley ha creado polémica, porque «hay una resistencia a reconocer que el problema de la violencia es grave y hay una tolerancia muy grande a la violencia en esta sociedad».
En tanto, la directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), Marisa Belausteguigoitia, señaló que los comentarios negativos en torno a la Ley se deben a «que se desconoce»; agregó que es única y de vanguardia, un instrumento precautorio y cautelar.
Reunidas la tarde de ayer en Ciudad Universitaria para analizar la Ley, las académicas criticaron el spot del Senado que intenta promover la Ley ya que, dijeron, da una imagen «que no es».
Advirtieron que la etapa más importante de la Ley «está por venir» porque ahora hay que aterrizarla, para lo que pidieron estar atentas a la forma en que los estados y municipios integrarán esta nueva legislación.
Subrayaron la importancia de asegurar que la violencia se castigue, porque, de lo contrario, «estaríamos únicamente perpetuando el clima de impunidad que hay en México y si no se especifica bien qué sanciones se van a imponer sería dejar la Ley en letra muerta».
Lo mínimo que pueden hacer todos los que vayan a operar la Ley es instrumentarla, dejar muy claro cómo se va a sancionar a los agresores y que los funcionarios que omitan levantar denuncias por las causas que señala la Ley sean sancionados.
En cuanto a los patrones culturales que todavía existen en nuestro país, las expertas señalaron que esto será un cambio a largo plazo y de ninguna manera se puede pensar que porque ya se aprobó esta legislación «habrá cambios mágicos».
Hay que insistir, dijeron, en que se apliquen las medidas penales, legales, de derecho familiar y civil; aparte que se hagan todos los programas de educación, capacitación y todos los que sean convenientes para aplicar la Ley.
DERECHOS DE MUJERES, AL TERRENO JURÍDICO
En tanto, en un comunicado, la ex diputada federal Marcela Lagarde, principal impulsora de esta Ley, pidió no olvidar que ésta fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados, con la intervención de cuatro comisiones, y en el Senado con un solo voto en contra.
Ahora, dijo, es necesario trabajar en la concreción de los artículos transitorios de la Ley, entre los que están la elaboración de las leyes estatales y la del Distrito Federal, las cuales deberán ser aprobadas en seis meses a partir del 2 de febrero.
Asimismo, pidió estar vigilantes del Ejecutivo, quien deberá publicar el Reglamento de la Ley en un plazo perentorio de 90 días.
La feminista enfatiza que la Ley es producto de dos décadas de lucha y discrepancias políticas. Logra armonizar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) y la de Belém Do Pará.
Marcela Lagarde señala que «es fundamental» llevar al terreno jurídico los derechos para hacer frente a la gravedad de la violencia de género contra las mujeres, la cual no sólo es un problema cultural, es estructural y se basa en las condiciones de poder de género.
«La Ley es sólo un cimiento, pero es la primera propuesta integral que ya no es una demanda, hoy es Ley. Elaborarla y lograr su aprobación era ineludible, apoyarla y hacer que arraigue en nuestro país y sea un recurso de cada mujer es tarea de todas», concluye la feminista.
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