Norma Lucía Piña Hernández, nueva ministra de la SCJN

Con 79 votos a favor, el Senado de la República designó a Norma Lucía Piña Hernández como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ocupará la vacante que dejó la ex ministra Olga Sánchez Cordero en noviembre pasado.
 
En la sesión de esta tarde, la magistrada obtuvo los dos tercios de votos a favor, sobre Verónica Judith Sánchez Valle, quien obtuvo siete. Hubo cinco votos nulos y 20 en contra de toda la terna, por lo que en la próxima sesión Piña Hernández tomará protesta al cargo.
 
Norma Lucía Piña Hernández era magistrada de Circuito en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa antes de esta designación, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, según la síntesis curricular que entregó al Senado, afirma que tiene una maestría y es candidata a un doctorado.  
 
Piña fue profesora secretaria proyectista; secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala de la Suprema Corte; jueza y luego magistrada. En 2012 fue candidata a la Suprema Corte y en 2014 fue candidata para ocupar el cargo como Consejera de la Judicatura
Federal.
 
POLÉMICA TERNA DE MUJERES
 
La designación de Piña se dio en medio de las críticas de la oposición y tras casi tres horas de discusión en el Senado, que por mayoría consideró idóneas a las integrantes de la terna enviada por Enrique Peña Nieto: Norma Lucía Piña Hernández,  Sara Patricia Orea Ochoa, magistrada de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes y Verónica Judith Sánchez Valle, magistrada de Circuito del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
 
Fue el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Fernández, quien abrió la discusión, al afirmar que esa terna no era idónea y que había mujeres más capaces y talentosas que las propuestas por Peña Nieto.
 
La senadora priista Ivonne Álvarez,  ex candidata a la gubernatura de Nuevo León, defendió que el Presidente tuvo responsabilidad con la equidad de género al mandar una terna de candidatas, a lo que el senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett  señaló que estaba a favor de las mujeres, pero no aceptaba la terna.
 
El senador Zoé Robledo, del PRD, afirmó que era tramposo querer hacer de la designación un debate de género, cuando el tema era algo más grande , tanto que cuestionó a sus compañeras senadoras preguntando “¿están seguras que son las tres mejores mujeres del Poder Judicial, las mejores abogadas que hay en el país?”.
 
“NI SIQUIERA FUERON CONSULTADAS”: DE LA PEÑA
 
A estas afirmaciones respondió la panista Pilar Ortega, quien dijo: pareciera que en la izquierda la igualdad es sólo un discurso, en tanto  la perredista Angélica de la Peña también se sumó al señalar que no se puede descalificar a las mujeres por ser mujeres y pidió no  decirles “tontitas”, ya que ellas ni siquiera fueron consultadas para ser candidatas.
 
La también panista Adriana Díaz Lizama criticó que se tratara de descalificar con prejuicios y que con las mujeres hubiera un doble estándar, una exigencia dispareja que buscaba cerrar oportunidades.   Bartlett agregó que era demagogia absurda decirles machistas porque no aceptaban la terna de mujeres.
 
Al presentar su posición, la diputada independiente Martha Tagle, una de las principales promotoras de la participación política femenina, dijo que se estaba dando un falso discurso de género para designar a la nueva ministra, porque Peña Nieto busca ministros que se deban a él y “eso no es equidad de género”, dijo.
 
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, la priista Diva Hadamira Gastélum, dijo que daba tristeza que se reeditara un debate de 1937. “Si tanto les molesta el paso de las mujeres se van a tener que enseñar, aguantar, porque nadie lo va a parar”, dijo desde su tribuna.
 
La priista criticó que a las magistradas se les quisiera hacer hasta examen de tipo de sangre para ver si las elegían como ministras, lo que demostraba la misoginia de los legisladores; incluso dijo que una muestra de la voluntad política de Peña Nieto era el 42.4 por ciento de  curules femeninas en la Cámara de Diputados, producto de una reforma político electoral que él promovió.
 
Los señores creían que no tenían capacidad para gobernar –espetó la también presidenta del Organismo de Mujeres Priistas– ahora creen que no tiene capacidad para impartir justicia. Y su compañera de bancada, Blanca Alcalá, destacó la preocupación por las descalificaciones hacia las mujeres pues para ellas la “meritocracia” era más alta. 
 
En una segunda intervención, el senador Manuel Bartlett pidió que no se siguiera con la “demagogia feminista” porque era muy pobre, al tiempo que aseguró: “no van a votar por mujeres, van a votar por la mujer que eligió Peña Nieto”.
 
El perredista Armando Ríos Pitter subió a la tribuna para expresar su pena porque una discusión sobre justicia se transforma en un debate de género, entre mujeres y hombres; también reclamó a la senadora Gastélum las críticas cuando el PRD estuvo a favor de la paridad e incluso él pidió que se incluyera la paridad en gabinetes de municipios y estados.
 
El legislador recordó que cuando la sociedad civil pidió dos ternas conformadas por mujeres, la bancada perredista se sumó pero el Ejecutivo sólo mando terna de magistradas.
 
AMPARO CONTRA EL PROCESO
 
Apenas ayer, las organizaciones Artículo 19, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundación para el Debido Proceso, Fundar Centro de Análisis e Investigación y el Grupo de Información en Reproducción Elegida rechazaron el dictamen.
 
En conferencia de prensa en el Senado, representantes de las organizaciones aseguraron que los perfiles de las ternas no eran idóneos para el cargo, ya que existían posibles conflictos de interés; posibles violaciones graves a Derechos Humanos o un claro desconocimiento de las y los candidatos sobre diversas materias del Derecho.
 
Los grupos civiles destacaron que se les invitó a un foro con expertos y académicos pero al acto no asistieron senadores del PRI, y que en las comparecencias de  aspirantes hubo escasa presencia y participación activa de legisladores, lo que indica que las audiencias fueron un simple protocolo porque ya había una decisión tomada.
 
Para las agrupaciones civiles no se fundamentó la idoneidad y la capacidad suficiente de varias de las y los candidatos, por lo cual el 23 de noviembre de 2015, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho interpuso un amparo en contra del proceso de elección para elegir a los futuros ministros.
 
La solicitud de amparo impugnó la designación de las ternas enviadas por el Ejecutivo, los acuerdos de la Mesa Directiva del Senado y de la Comisión de Justicia porque, a decir de las agrupaciones, el proceso violó el derecho de toda persona de contar con un tribunal independiente e imparcial, y el derecho a un procedimiento electivo, evaluatorio, transparente, exhaustivo, público, con participación de la sociedad civil.
 
La demanda de amparo fue turnada al Juez de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito con sede en el Distrito Federal con el número 1986/2015, pero el Juez rechazó la solicitud de amparo, entre otras cosas, bajo la consideración de que la Ley que rige dicho procedimiento, impide a un juez atraer un amparo sobre decisiones soberanas del Ejecutivo y del Senado.
 
15/AGM/GGQ