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Nos roban con nuestro permiso

Por Marta Guerrero González

Las reglas deben cambiar, es tiempo de discutir lo que queremos con nuestro sistema democrático y hasta dónde vamos a llegar por preservar esta forma de gobierno. Nos ha costado mucho conseguir un instrumento que regule y luego otro que sea tribunal y después de calificar imponga sanciones.

El IFE y el TRIFE son las instituciones que después de años de lucha nos han dado certidumbre y confianza a los electores. Su probidad es calificada. Sin embargo, existen vacíos en la ley y demasiada holgura para obtener un registro como partido político.

Así bien nos preocupa que el brote indiscriminado de grupúsculos que se apañan al proyecto «laboral» de formar un partido. Nos alivia que desaparezcan con la misma rapidez con que surgieron, pero nos inquieta y enoja el alto costo que pagamos por destacar que la democracia nos alcanza para todos.

Las trapacerías de algunos no dejan grandes o ninguna secuela en las ideas de los electores, mucho menos en la huella que va marcando el paso de nuestra incipiente democracia. Aunque como contribuyentes nos atosigue la carga y el desperdicio de ejercicios cuya única finalidad es el lucro.

El caso es muy claro como ejemplo. Durante cuatro imponderables años El Partido de la Sociedad Nacionalista obtuvo suficientes recursos para financiar las suficientes irregularidades como para hacerse acreedor a un adeudo de 159 millones de pesos en concepto de multas: dos casas, 15 vehículos, 30 computadoras y todo lo que quepa en el apartado de 476 millones de pesos.

Gustavo Riojas Santana por decir lo menos, como presidente del PSN incurrió en irregularidades al presentar los informes financieros de su partido. Suceso presumible si alguien hubiera investigado, por no dejar, a las empresas DISC (Desarrollo Integral en Servicios Corporativos), o la otra, PASE ( Profesionales en Asesoría y Servicios) las cuales obtuvieron contratos, por lo menos, de 52 millones de pesos, y que curiosamente eran empresas en las que participaba Riojas y sus familiares como accionistas.

Cincuenta empleados, unos de a siete mil y otros de a nueve mil, todos liquidados a partir de Julio. Sobra decir, que las empresas eran fantasmas por lo menos en lo que versa con su domicilio fiscal, asunto que de lleno le incumbe a Hacienda.

Podemos creer que un bipartidismo o la contienda de cuatro o cinco, descalifica y discrimina a sectores de la sociedad que pueden no estar de acuerdo con los lineamientos de dichos partidos ya consolidados y posiblemente no incluyentes, incluso impositivos y de gran cerrazón.

Sin embargo, aceptar el concurso a «granel» por el simple hecho de recabar las suficientes firmas completar «tres requisitos de corcholata», es una vitrina para el descaro y la sinvergüenzada. Es anuencia para el despilfarro y la burla, para el cultivo de los negocios en familia.

Pero sobre todo es un insulto para sesenta millones de pobres quienes ven cada vez más lejos la posibilidad de gozar de programas efectivos para combate de la miseria. Nuestros recursos se desperdician y las reformas no llegan. REFORMAS señoras y señores legisladores. No más pantallas de soberanía ni democracia.

2003/MG/MEL

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