La demanda de juicio político contra el ex diputado panista Luis Pazos, por el desvío de 30 millones de pesos a programas internos del grupo ultraconservador Provida, sigue estancada en la Cámara de Diputados mientras el ex legislador y actual director de Banobras acumula acusaciones.
Este martes diputados del PRD encabezados por Malú Micher denunciaron penalmente a Pazos ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) por ejercicio abusivo de funciones, y cuestionaron la falta de avance en el caso de Provida.
Malú Micher aseguró que la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados, que debe revisar la solicitud de juicio político, no se ha reunido, ni siquiera porque ha sido convocada para ello por el presidente de la Sección Instructora, Horacio Duarte, y por la bancada del PRD.
«No tenemos ningún informe, no hay respuestas, no hay nada de avance», manifestó la legisladora, quien insistió en que Pazos es corresponsable del desvío de recursos en que incurrió el representante legal de Provida, Jorge Serrano Limón.
Recordó que en agosto del año pasado diputados del PRD denunciaron penalmente a Serrano Limón por haber destinado la mayor parte de los 30 millones de pesos que recibió su organización para el programa Centros de Apoyo a la Mujer (CAM), a otros usos como la adquisición de ropa de caballero en tiendas como Zara, Palacio de Hierro y Acá Joey.
Malú Micher aseguró que Serrano Limón, en caso de ser consignado, no alcanza libertad bajo fianza, ya que la sanción prevista para el delito en que incurrió es de dos a 14 años de prisión: «No alcanza fianza, el señor debe ir a la cárcel por haber violado el Código Penal y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y Luis Pazos es corresponsable de que Serrano Limón haya recibido esos 30 millones de pesos.»
Pazos, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, asigno este presupuesto originalmente destinado a la atención de personas infectadas con VIH/sida, a los proyectos del grupo Provida.
Una investigaciones realizada por organizaciones civiles como Salud Integral para la Mujer (SIPAM ), Centro de Análisis e Investigación y Equidad de Género denunciaron desde principios de 2003, junto con legisladoras de oposición de la Comisión de Equidad y Género, esa reasignación indebida de recursos, acción que llevo el asunto hasta la Secretaria de la Función Publica y la PGR como resultado de una denuncia interpuesta por la Secretaria de Salud.
A partir de este martes, Pazos enfrenta una segunda acusación por irregularidades en la utilización de recursos públicos para la edición y compra a la editorial Diana del libro de su autoría titulado «Los jardines secretos de dios», enviado a servidores públicos de mandos medios y superiores de Banobras como obsequio de navidad a mediados de diciembre del año pasado.
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