A dos meses del parto y de permanecer aislada de sus amigas, Lucía, de once años de edad y madre de un bebé, resultado de una violación cometida por un militar retirado de 60 años, ya se reincorporó a la primaria.
La menor, quien cursa sexto grado, participa en las actividades extraescolares y tampoco ha faltado a clases pero, su rendimiento no es el óptimo por las constantes crisis nerviosas, miedo y angustia, comentan Luis Alfredo Martínez y Eufemia Santiago, sus progenitores.
Su rendimiento no es óptimo, debido a la falta de terapia sicológica, promesa incumplida por las dependencias del gobierno, acusa el papá de la menor.
El gobernador del estado, Ulises Ruiz, instruyó a varias dependencias a garantizar el apoyo legal y psicológico a la niña, a partir de la difusión de su tragedia provocada por Noé Velásquez Vásquez, un militar retirado y casero del cuarto que rentaba la familia de indígenas mixtecos.
Luis Alfredo asegura que el niño de 2 meses de edad no tiene servicio médico, ni apoyo del servicio de lactancia como se comprometió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Mientras, la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia; así como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer, limitaron las terapias psicológicas e insisten en que cedamos al bebé en adopción, asegura Eufemia Santiago, madre de la niña.
Las autoridades de ambas dependencias negaron haber condicionado el servicio a la menor y a su familia, pero aceptaron haberlos orientado sobre las ventajas de la adopción, sobre todo cuando se trata del producto de una violación, declaró Aída Gómez, responsable de la Fiscalía dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En opinión de la funcionaría, la cercanía de Lucía con el bebé impide la rehabilitación psicológica integral, por el contrario, se recrudece.
José Alfredo, nació el pasado 2 de julio y fue registrado como hijo de Lucía, pero no firmó el acta de nacimiento debido a que no tiene la personalidad jurídica, aunque, ella es la madre, pero nosotros nos haremos cargo de los cuidados del bebé.
NUEVA VIDA
Dos cuartos de madera, un sanitario común entre los vecinos y una cocina a la intemperie, conforman el nuevo domicilio de la familia de obreros de la maquiladora, establecida en la población cercana de Magdalena Apasco.
El sindicato, afiliado a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) adherida al PRI, también les quedó mal.
David Aguilar Robles, líder estatal de la central obrera y diputado local priista, descuidó la asesoría jurídica del caso y no cumplió con la negociación ante el patrón para que el bebé tuviera acceso a servicio médico (IMSS), a partir del pago de las cuotas sindicales de Luis Alfredo y Eufemia.
La familia creció en número de integrantes y en gastos, situación difícil de sobrellevar con el salario de 800 pesos a la semana.
A partir de la violación y embarazo de Lucía, la abuela también habita esa casa para cuidar a tres nietos y hacer las labores domésticas mientras la pareja trabaja de 8 de la mañana a las seis de la tarde.
El abandono del caso motivó que Luis Alfredo tuviera que descuidar su trabajo en la fábrica para realizar las diligencias ante el agente del Ministerio Público asignado por el Juez Primero de lo Penal de Etla, donde se le prosigue el proceso penal a Noé Velásquez Vásquez después de que se dictó auto de formal prisión por el delito de violación.
Fue entonces, cuando el padre de la menor agraviada conoció del juicio de amparo (438/2007) interpuesto por el agresor ante el Primer Juzgado I del Tribunal del Poder Judicial Federal en contra del auto de formal prisión.
Al conocer esta noticia, la pequeña Lucía y su familia se preocuparon al suponer que el militar retirado podría obtener su libertad.
Javier Leonel Santiago Martínez, Juez titular del Primer Juzgado, a través de su auxiliar, negó que el inculpado pueda obtener un amparo liso y llano.
Sí hay elementos para dictar un auto de formal prisión, pero el juez no lo dictó bien. Faltaron algunos argumentos. El Juez Quinto en material penal, no citó bien los artículos, en lo que se fundó para dar valor a algunas pruebas. Hubo errores de forma y no de fondo, únicamente, informó a Excélsior.
Por esta razón, la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Norma Reyes Teherán, hizo un llamado a quienes se comprometieron a brindar un apoyo que no lo ofrecieron.
Se comprometió a informar al gobernador, Ulises Ruiz sobre este tema y reprobó el condicionamiento de los servicios sociales responsabilidad de la procuración de justicia.
Asimismo, calificó de perverso pretender que el bebé sea entregado en adopción, porque -dijo-esa una decisión familiar. Los daños por una violación nunca se van a reparar. La víctima tiene que aprender a vivir con lo que a ella le ocurrió, finalizó Reyes Teherán.
07/JCM/GG
