Cinco organizaciones de la sociedad civil (OSC) presentaron el Informe Alternativo «El Estado Mexicano en la mira de la ONU», Los Derechos Humanos en Oaxaca 2004-2008, en el que concluyen que el Gobierno Mexicano ha incumplido sus compromisos y las recomendaciones adquiridas en esta materia, simulando un compromiso que no se ve reflejado en la realidad estatal.
Para las OSC la carencia de mecanismo de evaluación en los estados de la federación, como es el caso Oaxaca, ha conllevado a generar total impunidad de las graves violaciones a derechos humanos, argumentando un problema que deben resolver las autoridades de Oaxaca.
El documento contiene temas como la criminalización del movimiento y la protesta social, la situación de las y los defensores de derechos humanos en Oaxaca, ataques a la libertad de expresión, desaparición forzada, violencia feminicida y situación de los pueblos indígenas.
Expone que las estructuras de gobierno han invisibilizado la gravedad de la violencia feminicida, pese a que en Oaxaca hay mujeres desaparecidas, asesinadas y un sinnúmero de mujeres sin acceso real a la justicia, lo que se agrava aun más en el contexto indígena, donde existe mayor discriminación y menor acceso a la justicia.
Por otro lado, el informe también califica de síntomas más graves el hecho que las estructuras institucionales carecen de toda sensibilidad para la atención a las mujeres, la falta de presupuestos y de políticas públicas.
Además de incapacidad de iniciar e integrar investigaciones para encarcelar a los asesinos o agresores y poner freno a los crímenes, lo que contraviene las recomendaciones realizadas en enero del 2006 por parte de la Relatora Especial sobre Violencia hacia las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas.
Finalmente, sostiene que ante la persistencia de la violencia generalizada y sistemática contra las mujeres en Oaxaca, son vigentes las recomendaciones y preocupaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
En particular por la falta de investigación de las violaciones a derechos humanos y el abuso de autoridad perpetrados por la Policía Federal Preventiva y cuerpos policiacosestatales en contra de 38 mujeres privadas ilegalmente de su libertad el 25 de noviembre del 2006, quienes por acciones legales han sido liberadas de los cargos por los que fueron detenidas.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
El informe que elaboraron Servicios para una Educación Alternativa, Comité de Liberación 25 de Noviembre, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos filial Oaxaca, Centro Regional de Derechos Humanos «Bartolomé Carrasco Briseño» y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, destaca que el Estado mexicano ha implementado una política de criminalización hacia la protesta social.
El caso más grave de represión sucedió en el 2006 y 2007, que arrojó un saldo de más de 500 detenidos y 26 muertos, con violaciones extendidas como son las detenciones arbitrarias e injustificadas, violaciones al debido proceso, tortura y malos tratos, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, abusos de autoridad y fabricación de delitos, pero sobre todo el uso excesivo e injustificado de la violencia por parte de cuerpos policíacos y grupos violentos de choque pagados por el Gobierno.
En el análisis sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, sostienen que hay impunidad y falta de denuncias por parte de las y los defensores, las autoridades no realizan las investigaciones, los organismos públicos son ineficaces y terminan por defender a las autoridades.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En relación al capítulo titulado Ataques a la libertad de expresión, destacan los asesinatos contra el periodista de Indymedia Brad Will y de las locutoras triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez, los tres aún no aclarados. Recuerdan las 26 agresiones contra comunicadores en el contexto del conflicto social.
En relación a la desaparición forzada se documentan siete casos recientes: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 y reclamados por el Ejercito Popular Revolucionario; Lauro Juárez desaparecido el 31 de diciembre de 2007, del Frente Popular Revolucionario.
Así como Daniela Ortiz Ramírez y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas el 5 de Julio del 2007, a quienes señala como integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, y Sergio Bautista, de la Unión Campesina Democrática (UCD), éste último en compañía de Alberto Santiago Velásquez, a los que no se volvió a ver desde 20 de abril pasado.
Por último, se documenta la situación de los pueblos indígenas y destacan el asesinato de Cecilio Vásquez y Venancio Olivera, indígenas chontales en agosto pasado por parte de un grupo de elementos del Ejército Mexicano.
Así como la imposición de proyectos que «significan el despojo de los territorios de los pueblos indígenas y el saqueo de sus recursos naturales», como son el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y la construcción de parques eólicos en la región del Istmo.
08/SJE/GG
