Ni la Fiscalía Especial para Atender los Delitos contra la Mujer (Fepadem) ni el Instituto de la Mujer Oaxaqueña podrán hacer nada con gasto corriente y decretos que limitan sus funciones, reconocieron las titulares de ambas instancias, Ileana Hernández Gómez y Norma Reyes Terán, así como diputadas de la Comisión de Equidad de Género (CEyG) de la legislatura local.
Durante la comparecencia de la Fiscal Especial ante algunas legisladoras y tras una serie de reclamos que parecía terminarían mal, diputadas y funcionarias coincidieron en que tendrán que trabajar juntas en la tarea de buscar los mecanismos para que las mujeres tengan en esas instituciones el respaldo que necesitan frente al «tamaño de la violencia de género».
Tras asumir el cargo, el 1 de febrero pasado, Hernández Gómez puntualizó las carencia con las que opera la instancia dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Oaxaca, creada «en un impulso del gobernador Ulises Ruiz», dijo más adelante la presidenta de la CEyG de la LX Legislatura local, Perla Woorlich Fernández, a lo que Reyes Terán respondió que «al menos era un avance».
Hernández Gómez detalló que la Fiscalía atiende todos los delitos que se cometen contra las mujeres, excepto los crímenes los cuales son competencia de la Subprocuraduría para la Delincuencia Organizada por razones de «operatividad». Sostuvo que la instancia no cuenta ni con edificio adecuado, equipo, ni el personal suficiente que permitan llevar a cabo investigaciones efectivas para poder consignar los casos, la ejecución adecuada de medidas cautelares y órdenes de protección.
La Fiscalía, además del personal administrativo, cuenta con dos trabajadoras sociales y 10 policías ministeriales, no exclusivos, que realizan las investigaciones y ejecutan las órdenes de aprehensión. Se necesita más que eso para atender el problema, señaló.
ENORME REZAGO
Al detallar los delitos que se cometen contra las mujeres, las diputadas como Paola España y Claudia Silva –ambas integrantes de la CEyG– y Carmelina Cruz no daban crédito, pues la falta de recursos humanos y financieros, así como las limitaciones legislativas habían provocado desde 2005 a la fecha un rezago en la atención a más de medio millar de averiguaciones previas por delitos sexuales y violencia familiar.
La Fiscal Hernández Gómez planteó que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación es un desafío prioritario de todo Estado, por lo que sostuvo que se hacen necesarias leyes e instancias de atención que permitan a las mujeres el ejercicio de sus derechos y que existen asignaturas pendientes, como adoptar medidas que aseguren la prevención, investigación, sanción y reparación del daño.
La funcionaria que hace menos de 60 días sustituyó a Aída Gómez Piñón, de quién las organizaciones sociales habían demandado su salida ante la falta de respuesta, destacó que es necesario superar la desconfianza social hacia las instancias judiciales, la inseguridad e indefensión que sienten las mujeres violentadas, así como luchar contra los patrones socioculturales discriminatorios.
Frente a la titular del IMO y diputadas, Ileana Hernández propuso un trabajo coordinado en programas de capacitación a funcionarios, un trato digno a las mujeres, campañas de prevención del delito, conformar un sistema único de información, armonizar la legislación estatal y consolidar el trabajo del Consejo Estatal para la Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, todo ello dijo coordinando esfuerzos entre instituciones de los gobiernos y la sociedad civil organizada.
Apuntó que entre las modificaciones urgentes destaca eliminar la labor que hasta hace poco tiempo realizaba la Mesa Mediadora, «porque si perseguimos los delitos no podemos acudir a la mediación entre las partes».
Luego siguieron las preguntas y su efecto boomerang, pues la Fiscal reiteró que las leyes y la disposición de los recursos tienen su origen en el trabajo legislativo.
EL TURNO DEL IMO
Cuando tocó el turno a la diputada priista Sofía Castro Ríos, reconoció el rezago y la falta de visión para que pueda ser aplicada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que, dijo, hay mucho que hacer y reprochó la nula vinculación de la Fiscalía con instancias municipales y otras áreas de los gobiernos.
También cuestionó a la titular del IMO por el trabajo desarrollado hasta ahora, «que no se quede en el limbo del análisis, que salga del oscurantismo y que vaya más allá».
QUE CADA QUIÉN HAGA LO SUYO
Al respecto, Reyes Terán destacó que el trabajo de sensibilización desarrollado por el IMO permitió la presentación desde hace año y medio en la LIX Legislatura local la iniciativa de armonización de la leyes como exigía la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la cual Sofía Castro Ríos como legisladora federal fue parte importante, pero que no ha sido aprobada, ahora le toca a la LX Legislatura.
No hay que olvidar, dijo la funcionaria estatal, que armonizar las leyes es una obligación de los estados y en Oaxaca no se ha hecho, ya pasó el tiempo tenían seis meses para hacerlo, «pero lo que me preocupa es que Oaxaca podría quedar fuera de los recursos, unos tres millones de pesos, que el Instituto Nacional de las Mujeres canalizaría a través del IMO para la atender el problema de la violencia de género».
Y ratificó que si la CEyG no asume la responsabilidad de armonizar el marco legal simple y sencillamente no vamos a acceder a estos recursos.
Recordó que las y los legisladores están revisando la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se refleja –otra vez– que el tema de las mujeres no ha sido importante casi para nadie y menos para la clase política, venga del partido que venga.
Y mostró como ejemplo que la «nueva propuesta» convertiría a la Fepadem en una Subprocuraduría que, a diferencia de las otras Subprocuraduría que se proponen, la de atención a las mujeres no contará con Ministerios Públicos, equipo especializado de investigación, peritos suficientes, recursos humanos y materiales, «porque esa se va a atener a la disposición presupuestal, para ver qué puede hacer».
Lo cierto, señaló la titular del IMO, es que así no se pueden resolver las cosas, se requiere de una política de Estado, donde los tres poderes debieran estar involucrados. El legislativo para armonizar y poder tener los mínimos recursos, por lo que pidió a las y los legisladores que hagan su trabajo.
La que respondió fue la presidenta de la CEyG, Perla Woorlrich, quien señaló que el jueves pasado debió aprobarse la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría, pero al ver que se mermaban los recursos a la Fiscalía Especializada decidimos echarla para atrás, porque queremos que sea funcional y que sirva a las mujeres.
Anunció que los dictámenes correspondientes a la armonización de leyes como lo demanda la Ley General de Acceso a las Mujeres por una Vida Libre de Violencia podrían ocurrir el segundo periodo ordinario, es decir, entre el 1 de junio y el 15 de agosto próximos.
08/SJE/GG/CV
