Por tercera ocasión, la activista en derechos humanos, Aline Castellanos Jurado, enfrenta una orden de aprehensión, además del allanamiento de su casa y robo de documentos, mismo que ha sido calificado como un acto intimidatorio en su contra por parte del gobierno estatal.
Aline Castellanos fue acusada por la titular de la televisora estatal, Mercedes Rojas, de encabezar la toma de las instalaciones del Canal 9, el pasado 1 de agosto, durante el conflicto político-social en Oaxaca.
A partir de noviembre y durante poco más de dos meses, Aline Castellanos y otras activistas oaxaqueñas tuvieron que permanecer prácticamente escondidas, en tanto se tramitaban amparos para evitar que fueran aprehendidas por delitos que ?aseguraron- ellas no cometieron.
Ana María Hernández, responsable de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, recordó en entrevista que el pasado 28 de abril, en tanto se realizaba la Calenda de la Tlayuda dentro de las actividades del Encuentro de Mujeres en Resistencia en México, Centro y Sudamérica, la casa de la activista fue allanada por desconocidos, quienes robaron además de casi 30 mil pesos, documentos personales como su pasaporte número 072000026499 y una visa de ingreso a Estados Unidos de Norteamérica.
El Juzgado Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, emitió el 27 de abril una nueva orden de aprehensión ?la tercera de diciembre a la fecha por el mismo delito-, por lo que abogados de Castellanos Jurado tramitan de nueva cuenta su amparo, pues está latente la orden de captura en su contra.
Hernández Cárdenas sostuvo que es dolorosa esta persecución contra Aline Castellanos «compañera de Consorcio y quien ha realizado un enorme trabajo a favor de las mujeres y sus derechos humanos y quien nuevamente tendrá que permanecer fuera de Oaxaca», citó la entrevistada, quien recordó el trabajo realizado por la activista desde que era muy joven y entonces estudiante de Derecho.
Por otra parte, abundó que se ha denunciado este «nuevo» hostigamiento contra Castellanos Jurado con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se gestiona la petición de medidas precautorias para la activista de origen oaxaqueño.
Por otra parte, la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) Oaxaca, junto con Consorcio, emitió una acción urgente por intimidación, allanamiento y robo a defensora de derechos humanos.
Esta es la tercera vez que el domicilio particular de Aline Castellanos ha sido allanado, las dos anteriores fue cuando era presidenta de la Limeddh; la segunda durante su estancia en la Ciudad de México en agosto 2005, en tanto participaba en un foro sobre derechos humanos en el Senado de la República.
En ese sentido, le exigen a las autoridades mexicanas, entre ellas a Felipe Calderón, que retome la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, «como emergente y grave», considerando que si no se garantiza el derecho a defender derechos humanos, no podemos hablar de un estado democrático comprometido con los derechos humanos.
En el documento, que circuló desde el pasado fin de semana, demandan que actúe para que investiguen los hechos aquí descritos e informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver tal situación. Además de respetar y garantizar la integridad física, psicológica y jurídica de las y los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca.
En la acción urgente se pide también la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que actúe en relación a estas graves violaciones a los derechos humanos que trascienden el ámbito del estado de Oaxaca y son de interés nacional e internacional.
07/SJ/GG/CV
