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Obligación de Peña garantizar educación sexual en primarias

Por Gladis Torres Ruiz

Durante el sexenio que inicia, la administración de Enrique Peña Nieto deberá garantizar educación sexual y reproductiva para las y los niños de las primarias y secundarias del país.
 
El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) solicitó al Estado mexicano introducir un programa amplio en la materia que forme parte del programa de estudios de primaria y secundaria, tras la revisión en julio pasado en la que detectó la escasa educación en el rubro.
 
En México hay 39 millones 226 mil 744 personas de entre 0 y 17 años de edad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010. La cifra representa el 34.91 por ciento de la población nacional. Del total de menores de edad, 19 millones 351 mil 565 son niñas y adolescentes, es decir el 50 por ciento.
 
En el apartado 25 de sus “Observaciones finales sobre México”, el mecanismo de la ONU advierte que el Estado debe garantizar una educación sexual actualizada y científica en el nivel básico.
 
Asimismo se debe ajustar a las normas internacionales e introducir un programa amplio de salud y derechos sexuales y reproductivos  adecuado a cada grupo de edad.
 
En México cada año se registran 400 mil embarazos en adolescentes, de las cuales cerca del 80 por ciento no acude a revisión médica, según la Secretaría de Salud federal.
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que el desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos genera entre las y los adolescentes problemas graves que repercuten en su vida futura, tales como los embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual, y el incremento de casos VIH/Sida.
 
En sus recomendaciones, las cuales son obligatorias para México luego de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos (DH), el Comité de la CEDAW señala que es preocupante que se estigmatice a las adolescentes embarazadas y se les obligue a abandonar la escuela.
 
Por ello demanda que se garantice el acceso a la educación a las niñas y las adolescentes, y se reduzca la brecha en las tasas de analfabetismo entre las mujeres urbanas (5.3 por ciento), y las rurales (18.2 por ciento).
 
El Comité propone que se incite a las niñas y las jóvenes a elegir profesiones “no tradicionales”, toda vez que ámbitos como la docencia están feminizados y se registra una baja presencia de niñas en la enseñanza técnica, lo que a largo plazo profundiza la segregación por sexos en el mercado de trabajo, y la baja remuneración del empleo de las mujeres.
 
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en nuestro país 3.3 millones de niñas y niños no asisten a la escuela. La mayoría proviene de familias en situación de pobreza y de comunidades indígenas.
 
De igual manera preocupa al Comité de la CEDAW que la violencia contra mujeres y niñas en la escuela siga planteando problemas y no existan mecanismos claramente definidos de prevención, enjuiciamiento y eliminación del abuso sexual y el hostigamiento y otras formas de violencia.
 
Por lo que lo instruye al Estado mexicano a establecer medidas para prevenir, castigar y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en las escuelas públicas.
 
Las recomendaciones del Comité de la CEDAW se dieron a conocer el pasado 27 de julio, y las “Observaciones finales” el pasado 7 de agosto.
 
Ambos resolutivos son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano por tratarse de un acuerdo internacional en materia de DH. Su cumplimiento deberá ser incluido en el próximo reporte ante la CEDAW programado para 2016, o cuando el mecanismo de la ONU lo solicite.
 
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