Paulina del Carmen Ramírez está a punto de cumplir los 21 años. Fue violada cuando aún no tenía 14 y todavía aguarda por un resarcimiento de las autoridades que le impidieron la interrupción del embarazo, un derecho que, en casos de agresión sexual, es otorgado por la legislación mexicana.
Natural del estado de Oaxaca, la joven acudió a las autoridades en compañía de su madre para hacer efectivo su derecho. Obtuvo la autorización del Ministerio Público para interrumpir su embarazo, pero ese derecho le fue negado por las instituciones públicas de salud del gobierno de Baja California. Su niño nació el 14 de abril del año 2000.
«Luchamos, pero el bebé nació», recuerda en conversación con SEMlac Silvia Reséndiz, de la organización feminista Alaíde Foppa. «Ahora queremos que el gobierno cumpla un Acuerdo de Solución Amistosa que firmó recientemente», añadió.
Ese documento fue suscrito en marzo de 2006 por los gobiernos Federal y de Baja California con las organizaciones que defienden a Paulina. En él, las autoridades se comprometieron a reparar el daño, a no volver a violar este derecho humano, a apoyar la educación del niño y atender su salud hasta su mayoría de edad o el momento en que termine una carrera superior.
Hasta la fecha, no se ha avanzado en el cumplimiento de tales propósitos y la joven ha emprendido, de nuevo, una lucha pública.
Por reparación del daño moral, Paulina fue integrada a un programa de Proyectos Productivos y le dieron dinero para iniciar un negocio. Sin embargo, le niegan el permiso para abrir su tienda.
Este caso, que originó movilización y demandas que rebasaron las fronteras mexicanas, al intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sirve hoy de ejemplo para la lucha por el respeto al derecho de interrupción de embarazo, cuando la causa sea legal, declaró Lilián Sepúlveda, asesora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York.
Lo más importante del Acuerdo de Solución Amistosa fue reconocer una violación a los derechos humanos en este caso y el compromiso de hacer reformas al Código Penal del Estado de Baja California para crear los mecanismos que viabilicen la interrupción legal de un embarazo, pero las modificaciones aún están pendientes, expresó por su parte Reséndiz.
«Pese al compromiso de no repetición de situaciones similares, conocemos casi a diario de niñas violadas y embarazadas a quienes se les obstaculiza el acceso a un aborto legal», apuntó.
Agregó que es necesario capacitar al personal de justicia y de salud para sensibilizarlo en ese sentido y evitar que se impida el acceso a ese derecho.
«Tenemos que estar muy pendientes cuando conocemos un caso de embarazo por violación, pues, si no presionamos, la mujer no puede interrumpir su gestación en caso de que así lo decida», dijo.
LA REALIDAD
El aborto clandestino en México sigue siendo un problema de salud pública, en especial para las mujeres pobres. Está considerado genéricamente como un delito, lo que obliga a muchas de ellas a aventurarse a esta práctica de manera clandestina y en pésimas condiciones higiénicas.
El aborto clandestino constituye la tercera causa de muerte materna y, aunque hay excepciones en la ley, las dificultades para realizar una interrupción de embarazo de manera legal son inmensas.
Una reciente encuesta del Consejo Nacional de Población indica que el 19 por ciento de las mujeres que estuvieron embarazadas experimentaron, al menos, un aborto inducido. De acuerdo con esa investigación, existe un aborto por cada 21 nacimientos, lo que equivale a unos 533.100 cada año.
Hace cuatro años, el comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó a México atender los abortos legales, revisar las leyes de los estados y brindar educación sexual a la población adolescente, al considerar preocupante las prácticas clandestinas. El gobierno no ha cumplido.
LEGISLACIÓN RESTRINGIDA
En México, el aborto sigue siendo legalmente restringido y la mayoría de las legislaciones estatales, que datan de 1930, no han sido revisadas para garantizar, de forma legal y segura, la interrupción de embarazos.
Para esta práctica, la causal de violación es legalmente aceptada en 31 estados del país, incluido el Distrito Federal, y sólo está totalmente restringido en Guanajuato.
Tampoco se castiga cuando ocurre por imprudencia de la mujer (11 estados), y se permite cuando se determina malformación genética (10), grave daño a la salud de la madre (ocho) e inseminación artificial no admitida (siete). Únicamente en Yucatán se aplica por razones económicas, cuando ya la mujer ha tenido tres hijos.
En algunos estados se han adoptado reformas para aumentar las causales de aborto o instaurar un procedimiento que lo haga efectivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no está reglamentado el acceso a este derecho, aún cuando está permitido en la ley.
Al no existir lineamientos administrativos claros para la realización de este proceso, sobre todo en casos de violación, se dificulta la exigencia de este derecho reproductivo. Sólo en el Distrito Federal, Morelos y Baja California Sur, el procedimiento para tales circunstancias está claramente incluido en la legislación.
MARCO LEGAL
Un estudio en siete estados de la República Mexicana pudo establecer que hay obstrucción por parte de los funcionarios públicos, tanto en atención a las víctimas de violación solicitantes, como para brindarles información.
La investigación, que se llevó a cabo en los estados de Baja California, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luís Potosí y Yucatán, fue realizada por la organización no gubernamental Human Rights Watch.
Los funcionarios públicos del área de procuración de justicia niegan que existan embarazos producto de una violación, no le confieren credibilidad al testimonio de la mujer violada y se oponen o se resisten a que ella ejerza su derecho y decida interrumpir el embarazo producto del ilícito, concluye el informe.
De ocho casos denunciados a las autoridades correspondientes en Estados que no cuentan con procedimientos para el acceso al aborto legal, documentados por Human Rights Watch, sólo en dos se les proporcionó información a las víctimas de violación sobre el aborto legal, pero no de cómo obtenerlo si así lo deseaban. Una de ellas terminó con un aborto clandestino.
RECUADRO
Un panorama sombrío
· En México se realizan en la clandestinidad al menos 500 mil abortos anuales, con la consiguiente repercusión en días de trabajo y ocupación de camas en los hospitales por las secuelas.
· No existe cobertura suficiente de métodos anticonceptivos. Sólo 74.5 por ciento de las parejas tienen acceso a algún método, según el Consejo Nacional de Población. La misma fuente establece que en zonas indígenas, las mujeres siguen teniendo hasta cuatro hijos y la cobertura en anticoncepción es de menos de 65.2 por ciento.
· Ello hace evidente que los riesgos de muerte materna aumentan en las áreas empobrecidas del país. Las indígenas tienen doble riesgo y la muerte por aborto afecta mucho más a las mujeres pobres que no tienen acceso a los hospitales.
· Un sector de riesgo preocupante es la adolescencia. El 50 por ciento de mujeres entre 15 y 19 años no usa anticonceptivos, hecho que se asocial al elevado riesgo de muerte materna y al nacimiento de 400 mil niños cada año, con bajo peso y desnutrición.
06/SL/CV/LR
