La agenda de los acuerdos de paz en Guatemala se ha visto vulnerada y olvidada tras del estado de impunidad y deterioro social que prevalece en las fuerzas armadas y en el propio gobierno de aquél país, «la transición ha sido fracturada», señala en un artículo Gustavo Meoño, director de la Fundación Rigoberta Menchú Tum.
Gustavo Meoño explica el término transición y la define como un proceso mediante el cual debía avanzarse de un régimen militarizado, genocida, autoritario, represivo, corrupto, excluyente e ilegal, a un régimen participativo, incluyente, respetuoso de los derechos humanos y sobre todo desmilitarizado.
Por esta razón el director de la fundación Rigoberta Menchú señala que de ninguna manera aceptarán la transición como el paso del gobierno de un presidente militar a uno civil, ya que esos relevos forman parte de los acuerdos militares.
Al referirse a Los acuerdos de paz (firmados en diciembre de 1999), Meoño menciona que ellos constituyen la plataforma más completa y profunda sobre los principales problemas estructurales que aquejan al país, lo mismo que las soluciones viables y factibles para enfrentarlos.
Al tomar posesión como presidente de Guatemala Alfonso Portillo, continúa Meoño, dejó en claro que Los acuerdos de paz serían compromisos del Estado, aunque el discurso duró poco y pronto la sociedad guatemalteca fue testiga de que la verdadera intención de este gobierno era enterrarlos, pues quien en realidad continuaría teniendo el control en este país es el general Ríos Montt.
Tal como queda demostrado con la remilitarización del Estado que abarca cuatro puntos, asegura Gustavo Meoño: la recomposición de las fuerzas armadas en el ejército, el control absoluto de poderes del estado, la consolidación de un nuevo sector del poder económico, y el resurgimiento gradual del terror como arma básica para controlar la sociedad.
La negociación de este gobierno con los coroneles es entonces «una negociación de impunidad», señaló, es la devolución del poder a los militares que les fue quitado con la firma de Los acuerdos de paz.
El artículo señala que en un informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), en mayo de este año (2002) se denunció que el ejército continúa desplegado no para la defensa de la soberanía sino para mantener el control del territorio y de la población, ya que en estos dos últimos años los gastos militares sobrepasaron el tope del porcentaje del PIB establecido en Los acuerdos de paz.
Por su parte el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) pretende copar y controlar todos los espacios de poder que dentro de los aparatos del Estado tienen mayoría en el Congreso de la república, lo que les permite imponer a su conveniencia las leyes y controlar a la Suprema Corte con la designación de jueces; práctica que ha llevado a la impunidad extrema al país.
Además se rumora de la posible implicación de empresarios con el FRG en el lavado de dinero y narcotráfico, pues de otra manera no se explica cómo es que se han hecho millonarios de la noche a la mañana.
Ello, aunado a la constante violación de los derechos humanos y la constante amenaza contra los organismos encargados de defenderlos.
«Al inicio de este gobierno y sobre todo después de escuchar el discurso de toma de posesión del nuevo presidente, muchas personas e instituciones dentro y fuera de Guatemala esperaban algo diferente del FRG y pusieron sus esperanzas en Alfonso Portillo.»
«La agenda de Los acuerdos de paz ha sido sepultada por el gobierno del FRG y el proceso de transición a la democracia está fracturado», finaliza Gustavo Meoño.
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