Organismos civiles manifestaron al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, Jorge Victoria Maldonado, su «profundo malestar» por su pasividad ante la aprobación de la reforma que implica la negación de los derechos a la salud, a la libertad de conciencia, y los sexuales y reproductivos de las mujeres yucatecas, bajo el argumento de proteger la vida desde la fecundación.
Usted, le dicen en un comunicado, no se ha manifestado ni ha expresado posicionamiento alguno que cuestione la arbitrariedad con la que las autoridades y los poderes públicos siguen actuando en nuestro estado.
Entre los organismos firmantes del comunicado están: Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal AC, Foro Cultural Amaro, Red de Personas Afectadas por VIH, Oasis de San Juan de Dios AC, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, Padres y Madres por la Diversidad Sexual, Grupo Yucatán.
Otra de las reformas, le recuerdan al Ombudsman, aprobadas el 15 de julio pasado por el Congreso del estado, restringe la posibilidad de que hombres y mujeres homosexuales accedan al matrimonio y/o al concubinato, cancelando también la posibilidad de que personas solteras adopten.
De ambas se desprenden consecuencias graves hacia las mujeres y hacia el colectivo de la diversidad sexual, poblaciones históricamente discriminadas y que, justamente por esa razón, requieren especial protección por parte del Estado y específicamente de la institución pública creada para resguardar los derechos humanos.
Ante estos hechos, señalan, varias organizaciones y numerosos miembros de la ciudadanía «le hemos exigido, de manera formal y por escrito, que asuma su papel de Ombudsman y presente las respectivas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de esas dos reformas que claramente violan derechos humanos».
Resulta cuando menos cuestionable que la valoración sobre si la Codhey presenta o no este recurso haya partido de la exigencia de organismos de la sociedad civil y no de un acto de reflexión e indignación propia, como se esperaría de un verdadero defensor del pueblo, le señalan al Ombudsman.
Una segunda consideración, «derivada de la actitud que usted ha asumido en las reuniones en las que hemos planteado la urgencia de que la Codhey actúe, nos lleva a sospechar que podría prevalecer en usted el miedo de enfrentarse a los poderes públicos y/o privados que respaldan las iniciativas aprobadas, dejando en la desprotección a colectivos que, insistimos, usted debería especialmente proteger, por la situación de vulnerabilidad jurídica y social en que se encuentran».
¿DEFENSOR DEL PUEBLO?
En el contexto de estas dos peticiones, y de la próxima comparecencia ante el Congreso del estado, las OSC le recuerdan al Ombudsman que «para ser duradero y estable, profundo y auténtico defensor o defensora, es preciso no abandonar la comprensión de que el otro está en mí mismo; es necesario dejar que la exterioridad irrumpa en el mundo íntimo, dejarse tocar, remontarse a la palabra primigenia: a ese ¡ay! de dolor que nos remite a alguien, no a algo, que nos hace vislumbrar a una persona, no a una cosa».
El grito sentido como propio, le recuerdan, «lleva al defensor de derechos humanos a la compasión, a padecer junto con…». No son ni los principios políticos ni los pactos ni las declaraciones lo que provoca la compasión».
Por eso, le señalan las OSC al Ombudsman de Yucatán, «lamentamos profundamente que usted, como Presidente de la Codhey, del espacio que las ciudadanas y los ciudadanos hemos exigido e impulsado, no haya demostrado, hasta la fecha, ser un verdadero defensor de derechos humanos.
Su labor se ha caracterizado por el silencio ante las arbitrariedades, por su ineficacia al momento de cuestionar y exhibir las sistemáticas violaciones que se padecen en el estado, por su discurso sin sustancia.
Por eso, explican, las organizaciones que firmamos este comunicado, presentamos una solicitud de juicio político en su contra, pues consideramos que a usted no le interesan los derechos humanos ni se ha situado nunca del lado de las víctimas, de los excluidos, de aquellos sectores que más requieren una acción decidida y efectiva por parte de la Comisión Pública de Derechos Humanos.
«No sabemos, se preguntan, si su falta de respuesta ante las solicitudes planteadas obedece a que esté negociando con el Legislativo la improcedencia del juicio político o su reelección, o a su temor a confrontarse con el Ejecutivo o con la jerarquía de algunas iglesias».
En cualquier caso, dicen, sería grave e inadmisible que los parámetros en los cuales se base para determinar si presenta o no los recursos, sean lejanos a lo jurídico y a la defensa de los discriminados y los excluidos.
Y lo conminan a que tome su decisión con otros parámetros que no sea un arzobispo, una gobernadora o un grupo de diputados, sino la mujer cuyo cuerpo queda destrozado, o muere, por un aborto realizado en condiciones deplorables, antihigiénicas y sin el acompañamiento de profesionales comprometidos.
Lo anterior nos sirve, finalmente y a pesar de la fundada sospecha de que sus temores pesarán más que su obligación de proteger los derechos humanos, para exigirle nuevamente que presente las acciones de inconstitucionalidad contra las dos propuestas citadas, pues «sigue siendo el servidor público nombrado para proteger los derechos humanos en la entidad y esas leyes los violan de manera flagrante».
09/LG/GG
