Una declaración ministerial impulsada por los gobiernos de México y Francia, que no reconoce el derecho humano al agua ni define estrategias para resolver las carencias del líquido que enfrentan los más pobres, cerró hoy seis días de trabajos del IV Foro Mundial del Agua.
Bolivia, Cuba y Venezuela, por su parte, suscribieron una declaración paralela que afirma que el acceso al agua en calidad, cantidad y equidad es un derecho humano fundamental, y que los estados y sus comunidades deben hacer esfuerzos en todos los niveles para garantizar ese derecho a su población.
En su declaración, anexada a la declaratoria oficial y a la que podrán adherirse los países que lo deseen, expresan también su preocupación por los posibles impactos negativos de los tratados de libre comercio sobre los recursos hídricos, y reafirman el derecho soberano de cada país a regular el agua en todos sus usos y servicios.
La Declaración México, auspiciada por el Consejo Mundial del Agua, organismo promotor del encuentro, reconoce que las autoridades de todos los niveles son las responsables de organizar los servicios de agua y saneamiento, y que deben tener libertad para elegir el manejo más adecuado, entre todas las opciones disponibles.
Organizaciones de la sociedad civil que realizaron un encuentro alterno al foro, acusaron al Consejo Mundial del Agua de representar los intereses de las trasnacionales vinculadas al líquido, como Suez y Vivendi, y de promover ante los gobiernos la privatización del recurso.
La postura final avalada por la mayoría de los 148 países participantes en el foro va incluso a contracorriente de las tendencias en otras regiones del mundo, como la Unión Europea, que el pasado 15 de marzo aprobó una resolución que reconoce al agua como un derecho fundamental del ser humano.
El documento oficial asigna a los gobiernos un papel fundamental en la promoción para mejorar el acceso al agua potable, saneamiento, mediante una mejor gobernabilidad en todos los niveles, marcos regulatorios con un enfoque en favor de los pobres y una activa participación de todos los sectores.
La declaratoria afirma que el agua y el saneamiento deben ser prioritarios en los procesos de desarrollo sustentable de las naciones; propone dar seguimiento a las Metas del Milenio, de reducir en 50 por ciento la población que carece de esos servicios básicos y monitorear los avances en su cumplimiento.
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