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Opacidad y cifras contradictorias en atención a salud femenina

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Felipe Calderón concluye su administración sin cumplir el objetivo de reducir en 50 por ciento la muerte materna (MM) en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), la cual pasó de 162.2 decesos de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos en 2006 a 129.3 en 2011.

Lina Berrio, integrante de la organización civil Kinal Antzetik, dijo a Cimacnoticias que contrario a lo expuesto en el Sexto Informe de Gobierno del panista, a ese ritmo la MM en esas localidades no disminuirá a 113 casos, como proyecta el documento para el cierre de 2012.

La activista indicó que persisten barreras para abatir la MM, como que el personal de salud aún desconoce que no puede negar la atención del parto porque las mujeres no sean derechohabientes de sus instituciones, y la falta de capacidad resolutiva de los hospitales para atender una emergencia obstétrica.

Además indicó que a pesar de que la atención durante el embarazo y el parto es gratuita, las mujeres todavía enfrentan barreras económicas para cuidar su salud materna, pues tienen que costear el traslado a las unidades médicas “y si paren en un horario en que la farmacia del hospital está cerrada, sus familias tienen que comprar los medicamentos”.

Otra meta que no se cumplirá, también relacionada con la disminución de la MM, es la ampliación de la cobertura en anticoncepción posevento obstétrico (APEO) a 70 por ciento, la cual creció únicamente de 43.1 por ciento en 2006 a 50.1 en 2010, según datos de la Secretaría de Salud federal (Ss).

En su sexto y último Informe de Gobierno, Calderón refiere que el “fortalecimiento” de la APEO, que hasta 2011 se situó en 55.5 por ciento, se debió a la capacitación del personal “en logística de insumos anticonceptivos, consejería y estrategia de APEO en al menos un hospital de cada entidad federativa”.

No obstante, el esfuerzo institucional fue insuficiente para cumplir la meta sexenal, según lo demuestran las estadísticas oficiales.

Aunado a la meta de aumentar el acceso a métodos anticonceptivos, como una estrategia que puede prevenir hasta 30 por ciento las defunciones ligadas al embarazo, parto y puerperio, en 2011 se echó a andar el Convenio de Emergencias Obstétricas, creado en 2009.

Ese convenio, pactado entre la Ss, el IMSS y el ISSSTE, para que las instituciones atiendan a las embarazadas sin importar su derechohabiencia, comienza a dar resultados a finales de la administración.

Las cifras también contrastan entre lo expuesto por el panista en el informe y los datos de la Ss. El documento del Ejecutivo señala que de agosto de 2011 a junio de 2012 se registraron 950 atenciones obstétricas: 235 en la Ss, 251 en el IMSS y 74 en el ISSSTE.

En cambio, en declaraciones a Cimacnoticias ?previo a la entrega del Sexto Informe? Susana Cerón, directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, informó que de 2009 a 2011 sólo se atendieron 125 emergencias obstétricas y 150 de enero de 2012 a la fecha, entre las diferentes instituciones.

Lina Berrio indicó que hay personal de salud que desconoce el convenio y cómo debe implementarse. Al respecto, Daniela Díaz, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló que esta estrategia, creada para reforzar las redes de atención, “todavía debe fortalecerse”.

Otra estrategia que debe robustecerse es la de Embarazo Saludable, empezando por asignarle un presupuesto etiquetado, ya que durante el sexenio calderonista careció de recursos propios.

Díaz indicó que con esta estrategia aumentó la demanda de servicios de salud durante el embarazo y el parto porque la atención es gratuita, tan sólo 2011 el 74.3 por ciento de los egresos hospitalarios se debieron a causas obstétricas en la Ss.

Sin embargo no es posible medir la capacidad de respuesta de las unidades médicas mediante indicadores de calidad en la atención ligados al presupuesto asignado, por la falta de rendición de cuentas, criticó.

Muestra de ello es que el Sexto Informe de Gobierno sólo refiere el padrón de afiliación de embarazadas al Seguro Popular (SP), que al cierre de 2011 fue de 755 mil 610 y de enero de 2012 a la fecha de más de 39 mil, y no informa cuántos recursos invirtió, en qué acciones y con qué resultados.

Uno de los indicadores con los que se mide el acceso a la salud materna es la atención del parto por personal calificado, que puede ser médico, de enfermería obstétrica o partera profesional. Según el documento, el parto institucional tuvo una cobertura de 95 por ciento.

Berrio expuso que en el país hay comunidades en las que hasta el 70 por ciento de los partos son atendidos por parteras tradicionales, como en Tenejapa, Chiapas, por lo que el promedio nacional difundido en el informe oculta esta realidad experimentada sobre todo en las regiones rurales e indígenas de México.

La activista destacó el papel de las parteras tradicionales como actores clave para reducir la MM y mejorar la salud reproductiva en estas comunidades, y lamentó que ellas no sean reconocidas como capaces de atender un parto, incluso dijo que a algunas les prohíbe ayudar a las mujeres a dar a luz, sólo les piden que las lleven a los servicios médicos.

Por ello, en el Informe de Gobierno únicamente se menciona el número de parteras tradicionales capacitadas para identificar emergencias obstétricas, las cuales suman mil 91 de 2007 a 2011, y no el número de partos que ellas atendieron, acusó Berrio.

El parto (de bajo riesgo) atendido por parteras disminuiría la saturación que existe en los servicios de segundo nivel (hospitales); este tipo de parto también debe atenderse en el primer nivel (centros de salud), pero en éstos hace falta garantizar insumos y personal calificado para atenderlos, indicó Daniela Díaz.

La investigadora concluyó que a ocho años de la implementación del SP, que integra estrategias como la de Embarazo Saludable, es preciso que se discuta qué ha funcionado y qué no, porque no es posible medir la cobertura en salud sólo mediante el número de personas o familias afiliadas.

Hay que recordar que las familias afiliadas al SP en promedio tienen un gasto en salud 55.2 por ciento más alto que el de las afiliadas a otro tipo de servicio diferente al de seguridad social, según investigaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

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