En un acto sin precedentes, un juez federal reprendió duramente a la ciudad y ordenó al gobierno otorgar asistencia pública a mujeres inmigrantes maltratadas a las que se les había negado ilegalmente el apoyo.
El fallo está relacionado con una demanda presentada por dos asociaciones de la ciudad en favor de trece inmigrantes maltratadas en diciembre del año pasado.
La ciudad les negó en esa ocasión a estas mujeres los Medicaid, cupones de comida y otra asistencia, obligándolas en algunos casos, a continuar con sus agresores o a mendigar.
El juez Jed S.Rakoff, indicó que la ciudad no hizo lo suficiente para corregir un error informático para entrenar a sus empleados. Las mujeres calificaban para las ayudas como «inmigrantes maltratadas», pero el programa usado por la ciudad no incluía esta categoría, y algunos empleados no sabían que ellas podían acceder al beneficio.
Las dos asociaciones que presentaron la demanda, Legal Aid Society y Nueva York Legal Assistance Group, indicaron que lo hicieron como «último recurso», indicó Caroline Hickey, abogada de Nueva York Legal Assistance Group.
El juez indicó en su fallo que la ciudad había corregido algunos de los errores desde febrero, cuando le ordenó que lo hiciera por primera vez, pero que otros problemas persistían.
«La verdad es que la ciudad y el Estado no hubieran tomado las medidas para remediar la situación probablemente sin esta demanda ni la orden», dijo el juez.
Jane Tobey Mono, una abogada de la ciudad, indicó que la ciudad no sabía aún si iba a apelar el fallo. «Aunque estamos decepcionados», afirmó, «nos alegra que la corte reconozca el gran esfuerzo de la ciudad por mejorar los obstáculos para ofrecer beneficios a inmigrantes que no son ciudadanos».
Las demandas contra la ciudad en favor de inmigrantes son poco comunes, dijo otro abogado de la ciudad, Jesse Levine, quien no recuerda que se haya dado una demanda de este tipo antes.
Las trece demandantes han podido obtener los beneficios, pero centenares de otras mujeres podrían ser beneficiadas también, ya que la ciudad obliga a corregir los errores.
Aunque el juez no ha fijado un plazo para estos cambios, Levine indicó que lo más probable es que la ciudad trate de resolver el problema lo antes posible.
Testimonios de las demandantes, identificadas por sus iniciales, expresaron sus casos desesperantes como el de una mexicana de 37 años de edad, quien dijo que después de huir de su marido con sus tres hijos menores, había tenido que vivir de la caridad de iglesias y en albergues, porque la ciudad le había negado ayuda.
06/LP/LR/CV
