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Organizaciones de mujeres y el procurador Abel Murrieta

Por Ana Luisa Pacheco Gracia

Las posturas encontradas ante la opinión pública entre la Procuraduría del Estado y las mujeres activistas del movimiento parecen no tener puntos de convergencia; el distanciamiento hace un hueco de mayor resonancia que en nada favorece la imagen de un gobernador que, notoriamente, hace esfuerzos por tomar en cuenta las diferentes voces ciudadanas.

Desde hace un mes a la fecha, las voces que piden al procurador de Justicia del Estado, Abel Murrieta -recuérdese que la mesa de seguimiento se instaló con el procurador anterior- se reanuden los trabajos de seguimiento al feminicidio, vienen subiendo de tono y los conceptos vertidos parecen no ser los mismos, informa Infogénero.

La insistencia de la Red Ciudadana por la No Violencia, encabezada por la ex legisladora Patricia Alonso, que ha encontrado eco en las diputadas Patricia Patiño y Mercedes Corral en el Congreso del estado, ha sido siempre el retomar la mesa de seguimiento a las investigaciones, tal como lo que hasta ese momento se había planteado en ese espacio.

Sin embargo, el 29 de julio el procurador Abel Murrieta señaló como innecesaria, ante los diversos medios de comunicación, la creación de una subprocuraduría especial para el esclarecimiento de los crímenes de mujeres, y así tomó postura al no reconocer el término feminicidio en lo que tan solo identifica como “asesinato de mujeres”.

El 4 de Agosto, la organización civil Colectivo Mujeres y Hombres Socialmente Activos (Mhusas) externó su desacuerdo ante Infogénero, y en el noticiario de Radio Fórmula Visión Informativa, frente a las declaraciones vertidas el pasado 29 de julio por el procurador del estado, Abel Murrieta Gutiérrez, quien fue cuestionado por Ismene Figueroa y Hugo Sánchez: “¿Esperaremos entonces a que estos crímenes, producto de la desigualdad social entre mujeres y hombres, del machismo y de la misoginia, continúen en ascenso, sobrepasando los 20 casos que se han conocido este año y los más de 130 que han ocurrido desde el año 2000 a la fecha?”

Al respecto señalan que “el procurador debería ser más sensible ante lo que significa el feminicidio y por qué denominamos las cruentas muertes de mujeres que ocurren en nuestro estado como feminicidio. ¿De qué han servido los talleres a los que usted mismo ha asistido sobre enfoque de género?

En el caso de la Comisión de Investigaciones sobre Feminicidios del Congreso de la Unión, a través de la Senadora Leticia Burgos, el pasado 9 de agosto consideró “desafortunadas las declaraciones del procurador, ya que muestra la ignorancia de las autoridades tanto de los compromisos contraídos por nuestro país para combatir la violencia hacia las mujeres, como de la gravedad del fenómeno de la violencia de género en el país y en particular en Sonora; por lo demás, pone en duda la voluntad política expresada por el gobierno de Eduardo Bours en el combate a la violencia hacia las mujeres, y la de él mismo, que en reuniones con legisladoras federales había expresado” externó a Infogénero.

La senadora hace un exhorto a las autoridades y a las organizaciones de mujeres para seguir sumando voluntades, demandar respeto y atención a los signos de alarma que está ocasionando el ascenso de la violencia hacia las mujeres, así como a reanudar la mesa de diálogo en Sonora.

Este viernes, en el ámbito nacional, el diario La Jornada publica la postura de la Red de Mujeres Ciudadanas por la No Violencia, la cual denuncia que “debido a su cerrazón (del procurador estatal), estamos frente a un gobierno misógino, y lo revela el comportamiento de sus funcionarios”, al tiempo que declara que solicitará a Amnistía Internacional que intervenga ante las autoridades estatales.

Por su parte, el Congreso del estado, a través de la diputada Patricia Patiño, integrante de la Comisión de Asuntos de la Mujer, levanta la voz, “ante la magnitud de las agresiones contra las mujeres en Sonora” y hace un llamado a “las autoridades de todos los niveles a que atiendan el problema”.

La legisladora sonorense solicita urgentemente “declarar un estado de emergencia en la entidad, y un plan de emergencia, con la participación de todos los niveles de gobierno, que permita atender y esclarecer los casos de feminicidio ya ocurridos, así como prevenir la posibilidad de que se presenten más”.

¿Qué está pasando con el gobierno del estado, si cinco meses atrás, demostraba, si acaso, cierta sensibilidad hacia las demandas ciudadanas sobre las mujeres asesinadas y la violencia que las enmarca?

Este cuestionamiento parece flotar hoy en día entre quienes conforman el movimiento amplio de mujeres sonorenses, que se muestran preocupadas por el estancamiento en la mesa de seguimiento instalada por la Procuraduría General de Justicia del Estado hace cinco meses, el 18 de marzo de este año.

*Periodista

05/AP/YT

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