Más de 90 agrupaciones sociales de carácter internacional, regional y nacional hicieron hoy un llamado a los Estados y a la sociedad civil –en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y del lanzamiento regional de la campaña de las Naciones Unidas «Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres», realizado en Guatemala– para erradicar toda práctica discriminatoria en contra de más de la mitad de la población mundial.
De acuerdo con el documento enviado por las organizaciones, titulado «Pronunciamiento mesoamericano contra la violencia hacia las mujeres», vulnerar a través de la violencia, la vida, dignidad, seguridad y salud de las mujeres «es un problema estructural que pone en riesgo el desarrollo y el avance de las democracias; contribuye al deterioro del tejido social y representa una grave violación a los derechos humanos».
El texto destaca que los gobiernos de la región, «estrechamente coludidos con poderes fácticos como el narcotráfico, las jerarquías religiosas y militares y los medios masivos de comunicación, utilizan la violencia hacia las mujeres como medio para mantener un estado de miedo, manipulación, impunidad, represión e inseguridad».
Como ejemplo de ello, se mencionan el feminicidio, la violencia sexual, la persecución contra defensoras de derechos humanos y la criminalización del aborto.
PARA MUESTRA, UN BOTÓN
Sólo en México, 90 por ciento de los asesinatos de mujeres queda impune. Lo mismo sucede con decenas de casos de mujeres violadas por el ejército –en su mayoría indígenas– y por cuerpos de seguridad en el marco de acciones represivas, como lo acontecido en Atenco y en Oaxaca, durante los momentos más álgidos del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Si esto fuera poco, 17 estados del país han reformado sus constituciones en los últimos dos años para, con el pretexto de proteger la vida desde la concepción, prohibir el aborto y encarcelar a las mujeres que lo practiquen. Sólo en Guanajuato, documenta el pronunciamiento, se ha puesto en prisión a más de 100 mujeres por abortar.
Pero México no es un caso aislado: en Nicaragua, El Salvador y República Dominicana también se persigue, difama y encarcela a mujeres que se han practicado un aborto, lo cual constituye una muestra de que en estas naciones se ejerce violencia estructural contra la población femenina.
Y es que, tal como señala el llamado, «la fragilidad de nuestras democracias y sistemas de justicia, la vulneración del carácter laico que debería imperar en los Estados y la creciente desigualdad generada por el modelo económico vigente» son factores que han agudizado la violencia contra las mujeres.
VIOLENCIA EXTREMA
De acuerdo con el texto, dos de cada tres mujeres asesinadas en Centroamérica mueren por razón de su género. En Costa Rica fallecen 30 mujeres por feminicidio al año; en Nicaragua, 67, y en Panamá 68 han sido asesinadas en lo que va del 2009. En El Salvador, sólo en septiembre de 2009, fueron asesinadas 31.
Guatemala ocupa el primer lugar de asesinatos contra mujeres en América Latina y el segundo de ataques a defensoras de derechos humanos, mientras que en Honduras, entre enero y octubre de 2009, 325 mujeres fallecieron de manera violenta. Cabe destacar que casi la mitad de los casos de feminicidio ocurridos este año tuvieron lugar tras el golpe de Estado, el cual «ha dejado un saldo alarmante de mujeres agredidas y abusadas sexualmente por los actos de represión».
Finalmente, en Nicaragua, numerosas feministas han sido hostigadas, amenazadas, lastimadas físicamente, detenidas ilegalmente y difamadas públicamente en el marco de una campaña represiva del gobierno en turno, mientras que en Estados Unidos más de tres mujeres son asesinadas por sus parejas o ex parejas cada día, y en Costa Rica 58 por ciento de las mujeres han vivido al menos un incidente de violencia física y sexual después de los 16 años.
Ante este doloroso panorama, las organizaciones mesoamericanas subrayaron en el documento que las mujeres «hemos sido el sujeto histórico de la lucha contra la violencia. Son las luchas feministas y de las mujeres en el mundo las que han visibilizado y denunciado este flagelo y los pactos patriarcales de impunidad y silencio que pretenden perpetuarlo».
Asimismo, señalaron que es obligación de los Estados nacionales cumplir sus compromisos con las mujeres y hacer valer sus derechos, en lugar de ser cómplices y promotores de la violencia, lo cual, indicaron, debe reafirmarse en la reunión extraordinaria de presidentes y jefes de Estado en la ‘Cumbre sobre género, integración y desarrollo’ que se llevará a cabo en Costa Rica los días 8 y 9 de diciembre próximos.
09/YT/GTR
