Los sistemas de justicia en América Latina están repletos de funcionarios inexpertos, investigaciones deficientes y expedientes sin pruebas, lo que deriva en falta de sanciones e impunidad sistemática para las mujeres víctimas de violencia.
Este día organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres denunciaron nuevamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las mujeres tienen que enfrentar sistemas de justicia permisivos de la violencia de género.
Durante el 144 periodo de sesiones de la CIDH, organizaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y la organización mexicana «Equis: Justicia para las Mujeres» advirtieron que la justicia en sus países reproduce la discriminación por razones de género.
En la sesión pública que se llevó en la sede de la Secretaría General de la OEA, en Washington, representantes de las organizaciones señalaron que en sus países no existen mecanismos para que las mujeres ejerzan su derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales.
Destacaron que aún existen estereotipos que afectan la imparcialidad en los casos de justicia, falta de exhaustividad en la recolección de pruebas, y re-victimización en la cadena de justicia que en la mayoría de los casos no llegan más allá de la denuncia.
Las organizaciones señalaron que a través del Observatorio de Sentencias Judiciales, que ellas crearon, constataron que aunque existen leyes favorables para las mujeres, sus derechos no están consagrados y las posibilidades reales de ejercerlos son limitadas
Indicaron que tan sólo para acceder a la justicia, una víctima de algún agravio o delito debe sortear toda clase de obstáculos geográficos, sociales, culturales y económicos, y además presentarse ante funcionarios con estereotipos que las discriminan.
Organizaciones como Equis: Justicia para las Mujeres de México, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género de Argentina, la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, y la Corporación Humanas que trabaja en Colombia, Chile y Ecuador, coincidieron en estos señalamientos.
Mencionaron que no hay expertos legales en derechos de las mujeres y que las instituciones no facilitan o no cuentan con información que contribuya a establecer un diagnóstico más preciso sobre la situación del acceso a la justicia para ellas en la región.
En el caso de México, las organizaciones criticaron la transición del sistema inquisitivo al acusatorio adversarial (juicios orales), cuyos resultados se pueden ver en Chihuahua donde ya opera y que aseguran, no es del todo eficiente.
El principal problema del nuevo sistema de justicia son las salidas alternativas (soluciones a las denuncias) donde las y los jueces no tienen un trato equitativo entre las víctimas y sus agresores toda vez que las orillan a resolver sus demandas por medio de acuerdos o conciliaciones.
Indicaron que en muchas ocasiones con estas «mediaciones amistosas» las mujeres no pueden exigir lo acordado y quedan en el limbo judicial, es decir, no encuentran justicia en ningún lugar, algo que ?agregaron? también sucede en Chile.
PRESUMEN AVANCES
De forma paradójica, mientras las organizaciones denunciaron las deficiencias del sistema de justicia mexicano, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, también acudió a la CIDH a presumir los avances en materia de violencia de género.
Previó a la audiencia con organizaciones civiles, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Gobierno del Estado de Chihuahua emitieron un comunicado para informar que el gobernador realizó una visita de trabajo a la CIDH.
Según la información difundida, Duarte sostuvo una reunión de trabajo con el Relator para México, Rodrigo Escobar Gil, y otra con el pleno del órgano internacional, a quienes enfatizó avances en materia social, educación media superior, combate a la inseguridad y procuración de justicia.
El gobernador informó a la CIDH sobre la creación de la Fiscalía General del estado; la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género; el Fondo de Atención a Niños y Niñas Víctimas de la Lucha contra el Crimen, así como de las reformas al Código Penal.
Dijo que con ello se han fortalecido sustantivamente las estructuras de protección de Derechos Humanos, con una eficiencia del 98.5 por ciento en todo el proceso judicial y una resolución de 24 de 30 casos de feminicidio que se han registrado desde que inició su gobierno en octubre de 2010.
En el comunicado destacó que en estos 17 meses se han registrado 869 reportes de mujeres desaparecidas en el estado de Chihuahua, de las cuales se localizaron 802 con vida, 14 sin vida y 53 se encuentran en investigación.
La comitiva de Duarte también solicitó el apoyo del Relator para México para avanzar en la solución de los casos de feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Campo Algodonero.
12/AGM/LGL
