Ante el clima de inseguridad, el feminicidio, la impunidad y la sistemática violación de los derechos humanos producto de la militarización, así como la falta del cumplimiento del Estado para proteger, garantizar y respetar los derechos humanos en México, Ciudad Juárez vive una situación de emergencia.
Así lo señalan Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en lo que denominan «Declaratoria de solidaridad permanente», presentada el pasado 3 de septiembre, en conferencia de prensa en la que participaron: Esther Chávez Cano, del Centro de Crisis Casa Amiga; Elizabeth Flores, de la Pastoral Obrera y María Elena Ramos del Grupo Compañeros, entre otras.
El grupo de mujeres activistas se manifestó en contra de la presencia del Ejército en Ciudad Juárez, declarando que como representantes de OSC, nunca se les tomó en cuenta ni solicitó su opinión respecto a la presencia militar en el estado del norte del país.
Por ello, más de 55 organizaciones, redes, colectivos y catedráticos, nacionales e internacionales, firmaron la Declaratoria, en la que plantean que en un marco nacional de inseguridad e impunidad, las y los juarenses están siendo despojados del derecho a una vida digna y la seguridad que merece una comunidad que demuestra su capacidad de trabajo, una hospitalidad de tradición y la constante responsabilidad social.
Según reportes de la prensa local, las organizaciones señalaron que la impunidad de la que hablan está basada en 15 años de feminicidio. Las mujeres de Juárez siguen siendo asesinadas y el Gobierno federal, el estatal y municipal continúa sin respuesta, mientras que los culpables gozan de libertad.
En este sentido la representante de Casa Amiga, Esther Chávez, enfatizó que nunca han estado de acuerdo con la llegada del Ejército — lleva seis meses en esta frontera—y rechazan totalmente la militarización de la sociedad, porque «están entrenados para matar, ellos no van a agredir a la gente rica de carros elegantes, van a acabar con los pobres, con los humildes de esta frontera, por lo que no lo podemos permitir».
900 ASESINATOS EN 8 MESES
Las organizaciones señalan que los hechos son contundentes y así lo demuestran 900 asesinatos impunes en ocho meses cometidos con saña y crueldad; los más de 25 mil desempleados e ignorados por las autoridades, las miles de familias con daños graves en sus viviendas por las inundaciones y más aún por la corrupción, sin que haya respuesta y satisfacción concreta.
Y así como sucede con los robos, asaltos y cateos sin orden judicial, en los cuales obran delincuentes y militares, los asesinatos de mujeres son olvidados y continuados. Como testigo, hay un muro que se levanta con la sangre y el sudor de los migrantes, afirman en la Declaratoria.
Los tres niveles de gobierno están faltando a la responsabilidad que asumieron al ocupar puestos que tienen como primer y último fin velar y defender los derechos reconocidos en las leyes nacionales y en los tratados y pactos internacionales que sustentan el derecho primigenio a la vida y a la seguridad.
«Denunciamos el estado de impunidad que vivimos, rechazamos ser parte de la inseguridad que sufrimos y exigimos un plan de seguridad efectivo y viable que involucre a toda la comunidad».
De igual manera informaron que se declaran en solidaridad permanente con las familias de las mujeres y niñas, en quienes se recrudece la violencia e impunidad, con los hombres, niños y jóvenes víctimas de la violencia, con las y los trabajadores que han sido despojados del sueño de tener una casa y un empleo.
También se declaran en solidaridad con las y los ciudadanos que han sido asaltados, secuestrados, amenazados, golpeados y robados en sus casas, en la calle y en el mismo lugar de trabajo.
08/GT/VR/GG
